Luego de que se filtraran audios que revelarían un supuesto tramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano se presentó en los tribunales de Comodoro Py para solicitar que el presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana Karina Milei junto a otros funcionarios sean citados en calidad de imputados por el escándalo de las coimas.

En su presentación Solano solicitó se incluyan como imputados al ex titular de la agencia Diego Spagnuolo, Eduardo ´Lule´ Menem y el dueño de la droguería Suizo Argentina Jonathan Kovalivker, que según los audios que han trascendido actuaba como intermediario con los otros laboratorios para el cobro y distribución de las coimas por la compra de medicamentos.

Respecto de esta situación, el legislador remarcó que “los audios que pertenecen a Diego Spagnuolo revelan el funcionamiento de una red de corrupción ampliamente extendida en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad” y afirmó que “según el ex titular de la Agencia las coimas cobradas al menos desde el mes de agosto pasado oscilan entre el medio millón y los ochocientos mil dólares mensuales. Esas coimas, equivalentes al 8% del precio pagado, se distribuían entre distintos funcionarios, a cuya cabeza estaba Karina Milei, que recibía el 3%”.

“La gravedad del hecho es de tal magnitud que involucra de modo directo al presidente de la Nación. Diego Spagnuolo afirmó que le informó a Javier Milei sobre esta red de corrupción y sobre la participación de su hermana Karina en el negociado. Ante este hecho la Justicia debe realizar un careo entre ambos funcionarios para determinar la veracidad de las afirmaciones reveladas en los audios”, continuó el trotskista.

Sobre esa misma línea, Solano explicó que “no se puede dejar pasar que la única medida tomada por el gobierno hasta el momento fue echar del cargo a Diego Spagnuolo, lo cual muestra la decisión de ocultar los hechos y proteger a los máximos responsables, empezando por Karina Milei”.

Además, el diputado reclamó “que se tomen medidas de prueba urgentes: que se secuestren los celulares, se rastreen las transferencias abriendo el secreto bancario y fiscal, se investiguen las entradas a las oficinas de la ANDIS y Casa Rosada de los empresarios involucrados” e insistió en que “a esta Justicia no le tembló el pulso para realizar masivamente allanamientos y abrir el secreto bancario y fiscal cuando se trató de investigar a los delgados del Polo Obrero del Bajo Flores o el barrio La Carbonilla, pero no mueve un dedo cuando se trata de investigar al poder”.

“La corrupción siempre repudiable es aún más grave cuando al mismo tiempo el gobierno lleva adelante un ajuste brutal contra la discapacidad al punto que vetó la ley que ampara derechos de las personas y amenaza en ir a la Justicia si finalmente el Congreso rechaza el veto”, sentenció Solano.