Este jueves, el Senado comunicó formalmente las normas al Poder Ejecutivo, que tendrá tiempo hasta el próximo 11 de septiembre en caso que decida vetarlas.
A una semana de su sanción, el Senado comunicó formalmente este jueves al Poder Ejecutivo las leyes 27.795, de Financiamiento Universitario, y 27.796, de Emergencia Pediátrica, impulsadas por la oposición y que el oficialismo rechaza, objetando su costo fiscal.
Al igual que sucedió con aprobaciones anteriores, y bajo el argumento de que el Congreso busca "romper el equilibrio fiscal", se espera que ambas normas sean vetadas por el presidente Javier Milei.
En el caso de la Emergencia Pediátrica, que incluye el reconocimiento y garantía de funcionamiento del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su última presentación en la Cámara de Diputados evitó confirmar de manera explícita si el Gobierno rechazará la ley.
Respecto a la norma que busca garantizar el presupuesto de las universidades nacionales, con el foco centralmente puesto en la recomposición salarial de docentes y no docentes, el tema cuenta con el antecedente del año pasado, cuando Milei vetó una ley de similares características.
A partir de la comunicación formal comenzaron a correr los 10 días hábiles que el presidente tiene para "observar" parcial o totalmente las leyes. Ese plazo se cumplirá el próximo 11 de septiembre. Según el artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.
Asimismo, el artículo 83 establece que, en caso de desechar el Ejecutivo una ley, ambas cámaras pueden insistir en la aprobación de ésta con dos tercios de los votos.
Cuando se votó, la Ley de Emergencia Pediátrica alcanzó los dos tercios de los votos de los presentes en ambas cámaras para su aprobación: fue con 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones en la Cámara de Diputados el 6 de agosto; mientras que en la madrugada del 22 de agosto en el Senado cosechó 62 votos a favor y 8 en contra.
En el caso de Financiamiento Universitario, a la norma le faltó solo un voto para los dos tercios en la Cámara baja, donde tuvo media sanción por 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones el 6 de agosto; en tanto, en el Senado sí superó los dos tercios, siendo sancionada con 58 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones el 20 de agosto.
Un día antes de la sesión en el Senado en la que se sancionaron ambas normas, en la Cámara de Diputados terminó de aprobarse una de las leyes impulsadas por los gobernadores: la que establece la coparticipación a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional. Fue numerada como la 27.794, y tendría el mismo destino en manos del PEN.
En un contexto de derrota tras derrota para el oficialismo sobre la agenda parlamentaria, y con un clima que se espesa por los escándalos de presunta corrupción que impactan al Gobierno a raíz de la causa de los audios del extitular de la ANDIS, los vetos seguirán llegando al Congreso en plena campaña electoral.
Al haber tenido como cámara de origen a Diputados, será allí por donde deberá comenzar el trámite en caso que el Gobierno decida vetar este nuevo paquete de leyes.
Semanas atrás, el PEN desechó las leyes sobre jubilados y discapacidad. Cada una tuvo hasta ahora tres caminos distintos: la oposición logró los dos tercios de los votos para sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad; mientras que La Libertad Avanza consiguió a sus "héroes" para blindar el veto a la norma que establecía un 7,2% de incremento en las jubilaciones y suba de 40 mil pesos del bono.
En tanto, el veto a la vuelta de la moratoria quedó sin tratar, como también la emergencia para Bahía Blanca (que la Cámara alta ya había rechazado).
En la primera semana de septiembre, la oposición del Senado buscará ratificar la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), donde anteriormente fue sancionada por unanimidad. Una vez aprobada nuevamente la ley por esas mayorías, el artículo 83 de la Constitución Nacional indica que el Poder Ejecutivo debe promulgarla.
