El proyecto de ley impulsado por Martín Maquieyra y Lorena Villaverde propone extender hasta 2045 los beneficios impositivos para la generación eléctrica con fuentes limpias. La iniciativa busca sostener el ritmo de inversión y consolidar una matriz energética más diversa y sustentable.
En medio de un contexto de reestructuración normativa del mercado eléctrico, ingresó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca extender los beneficios fiscales para el uso de fuentes renovables de energía hasta el año 2045. La iniciativa, firmada por los diputados nacionales Martín Maquieyra y Lorena Villaverde, propone modificar artículos centrales de las leyes 26.190 y 27.191, pilares del régimen de fomento nacional para la generación eléctrica limpia.
El texto legislativo apunta a consolidar una política energética de largo plazo, reforzando la seguridad jurídica y la previsibilidad para los inversores del sector. Entre los cambios propuestos, se destaca la prórroga de la exención tributaria para el acceso y uso de fuentes renovables, que originalmente vencía en diciembre de 2025. De aprobarse, esta exención se extendería por dos décadas más, eliminando gravámenes específicos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal.
Además, el proyecto propone redefinir las condiciones de contratación para los grandes usuarios del mercado eléctrico, eliminando la posibilidad de adquirir energía renovable directamente a CAMMESA, aunque manteniendo otras modalidades como la autogeneración o la compra a generadores, comercializadores o distribuidoras. También se impulsa una diversificación tecnológica y geográfica de la matriz energética, con énfasis en la medición inteligente y la gestión de demanda.
Los fundamentos del proyecto trazan un recorrido histórico desde la sanción de la ley 25.019 en 1998, pasando por los avances normativos de 2006 y 2015, hasta llegar a los logros alcanzados en 2025, donde las fuentes renovables representan el 17,4% de la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. En ese marco, se destaca la inversión de 6,5 GW en generación renovable durante los últimos años, resultado de políticas públicas sostenidas a lo largo de tres administraciones de distinto signo político.
La iniciativa se enmarca en los lineamientos de desregulación y modernización impulsados por la Ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a reformar el marco regulatorio eléctrico. En ese sentido, el proyecto busca compatibilizar los beneficios fiscales con los principios constitucionales, evitando litigios y fortaleciendo la confianza de los actores privados.
Mientras el Congreso se prepara para debatir el texto, el sector energético observa con atención. La continuidad de los incentivos podría ser determinante para sostener el dinamismo alcanzado y proyectar nuevas inversiones en un país que aún tiene vasto potencial por explotar en materia de energías limpias.