La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja se reunió este martes por primera vez desde que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y previsiblemente en el inicio de la reunión se hizo referencia a eso, aplausos de los presentes incluidos.

El titular de la comisión, Daniel Arroyo, arrancó enfatizando que “la Ley de Discapacidad es ley y ya hay que ponerla en marcha”, y acotó que el Senado ya envió la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo, por lo que enumeró los pasos a seguir para poner en marcha la normativa. Primero, el jefe de Gabinete debe compensar las partidas presupuestarias, como siempre hace todos los días al no haber presupuesto. En este caso, “tiene que hacer lo que se hace siempre con la obligación de volcar el presupuesto en la Agencia de Discapacidad, para poner en marcha la ley y que la ANDIS ejecute la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es muy sencillo -explicó-: Ir para atrás a diciembre de 2023, con el nomenclador, antes de tener 120% de inflación, venir hasta hoy por inflación, descontar en cada prestación lo que sí se ha aumentado y a partir de allí construir un nuevo nomenclador”.

Dijo que se resolverán las auditorías de las pensiones, ya que la ley manda a hacer una auditoría donde están los problemas, y luego se debe respetar tomar como lenguaje la resolución de Naciones Unidas de derechos de las personas con discapacidad para que ningún gobierno puedan maltratar a las personas con discapacidad y sus familias. “Lo que debe imperar es el respeto”, remarcó Arroyo.

Señaló a continuación que “vamos a hacer un seguimiento desde esta comisión para que exista la compensación presupuestaria a la ANDIS y que se ponga en marcha la ley”.

El presidente de la Comisión de Discapacidad abogó por la aplicación de la ley aprobada. (Fotos HCDN)

En primer lugar, pasó a la firma el proyecto de ley que tiene como objeto la creación del “Programa Banco Azul”, destinado a visibilizar y concientizar acerca de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), por el cual se promueve la instalación de bancos azules en espacios públicos de paseo y recreación, y medidas específicas inclusivas para personas con TEA. Como autora de la iniciativa, la diputada Eugenia Alianiello (UP) explicó que “no venimos a incluirlos, sino que nosotros debemos incluirnos en su mundo, en su forma de ver la vida, de interpretar los sonidos, ruidos y colores de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados”. “Es un proyecto muy sencillo, de poco impacto económico y con un amplio superávit en empatía y amor”, subrayó.

Uno de los proyectos que figuraban en el temario para expresar preocupación por el actual funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad fue retirado a pedido de sus autoras, las diputadas de la CC Victoria Borrego y Paula Oliveto, para que fuera primero a la Comisión de Derechos Humanos.

Otro de los proyectos de ley que avanzó en la reunión apunta a establecer la estructura de gobierno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), establecida por el Decreto N° 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Sobre ese tema hubo controversia con quienes desde el oficialismo y sectores aliados sugirieron pasar el proyecto a asesores en lugar de pasar a la firma. Finalmente la iniciativa no prosperó, pero el proyecto tiene cabecera en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que será emplazada a tal efecto. Uno de los autores del texto, el legislador Juan Marino (UP), informó que aceptaron algunos cambios sobre el texto original. Al respecto, señaló que “elaboramos este proyecto en consulta con distintas organizaciones de y para personas con discapacidad y queremos avanzar en el dictamen hoy para luego poder emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poder avanzar en el recinto para que la ANDIS funcione como tiene que funcionar”.

A su turno, la diputada peronista Blanca Osuna habló de las auditorías señalando que “no estamos acá cuestionando el sentido del rol del Estado en tanto capacidad y atribución de auditar sus propias políticas. Los planteos son el tenor de las consecuencias que han traído aparejadas esas auditorías”. Y citó como los principales problemas detectados el uso de terminología discriminatoria; problemas de coordinación, la no ubicación de los beneficiarios; citaciones a cientos de kilómetros; y débil participación institucional de las ONG que no fueron incluidas en la planificación y el diseño de esas auditorías. “Hechos gravosos para los intereses y derechos de las personas con discapacidad que fueron afectadas y en algunos casos despojadas de un derecho instituido por el Estado previamente”, señaló.

Victoria Tolosa Paz reclamó que en la próxima sesión se rechace el decreto 843/24, donde dijo que “se metió de fondo la mano de (Federico) Sturzenegger”, e insistió en “voltear en la próxima sesión el decreto infame que permitió este descalabro con las personas con discapacidad”.

En su intervención, Valdés celebró la conjunción de la sociedad civil con la política que se dio durante el debate de la Ley de Discapacidad y planteó invitar a las autoridades provinciales del sector, de manera presencial o vía zoom, para que en la próxima sesión pudieran evaluar cómo es la realidad en cada provincia.

“Estamos planteando, junto a Victoria Tolosa Paz, dejar de lado la suspensiones de las pensiones. ¿Qué pasa con los funcionarios que premiaban empleados para dar de baja pensiones? ¿Van a seguir ahí? Por eso es importante también el proyecto de Juan Marino para reformar la estructura de la ANDIS. Esa gente sigue ahí y tiene que atender a quienes fueron damnificados por su acción criminal. Spagnuolo dijo en los audios que le ordenaban dar de baja las pensiones sin auditorías médica”, señaló, reclamando que “tienen que reincorporar a los que echaron y hay que evaluar la conducta de quienes dieron de baja las pensiones. Para que todos puedan vivir con dignidad”.

Por otra parte felicitó al presidente de la comisión “por el trabajo realizado con la ley de emergencia en discapacidad. Pocas veces ví al colectivo de personas con discapacidad tan cerca del parlamento. Vi el afecto con el cual fue saludado por esas personas y sus familias. Eso emociona”.

A su turno, la diputada de izquierda Vilma Ripoll dijo que “lo que hay que hacer es retomar a los trabajadores que echaron, porque no es lo mismo tomar a uno nuevo, porque después se demoran en resolver las cuestiones porque son nuevos”.

Y cerró preguntándole al Gobierno “cuándo lo van a echar al ministro de Salud. (Mario) Lugones está en todas, y estaba arriba del escenario (el domingo) al lado de Milei, listo para arreglar nuevos choreos… Falta que se lo eche a Lugones”.

Luego, también se firmó el proyecto de resolución de la diputada radical Natalia Sarapura para expresar repudio por las resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dispusieron la baja de pensiones no contributivas fundadas en auditorías con vicios de procedimiento.

Su correligionario Roberto Sánchez se refirió a su proyecto de resolución sobre un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

El único diputado libertario que intervino en el debate fue el tucumano Gerardo Huesen, quien desafiante señaló: “Me da lástima en la comisión que quieran sacar rédito político”. Dirigiéndose a los diputados de UP, advirtió: “Son responsables del peor gobierno de la historia, tienen a su líder política con la tobillera saltando en el balcón… Los ciudadanos están viendo la vergüenza que están haciendo acá, quieren modificar la estructura de la ANDIS, generando desmanes, pero la verdad que dan lástima”.

Otros proyectos tratados

Asimismo, los legisladores avalaron el proyecto de la diputada Ana Carla Carrizo (Democracia para Siempre) para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el XI Congreso Internacional Biomédico sobre autismo y desafíos del neurodesarrollo – Bioactitud 2025, a realizarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la continuidad, Jorge Chica (UP) explicó el proyecto de ley de su autoría acerca de los automotores para discapacitados - Ley 19279 – que apunta a modificar el artículo 12 sobre identificación con el Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal. La norma también logró el acompañamiento de sus pares. “Representa la igualdad de condiciones, siendo un símbolo que nos ayuda a educar, pero sobre todo a concientizar a nuestra sociedad”, afirmó y, en el mismo sentido agregó: “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”.

Además, los diputados acompañaron el proyecto de declaración, de Victoria Tolosa Paz y Eduardo Valdés, ambos de Unión por la Patria, que expresa que vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga la suspensión temporal de cualquier trámite de baja o restricción de las pensiones no contributivas por invalidez cuando el beneficiario posea un Certificado Único de Discapacidad y/o un certificado médico oficial.

Por último, se avanzó con el proyecto de resolución del diputado Eduardo Valdés de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la redirección de los recursos obtenidos por las bajas de las pensiones por invalidez laboral.

Al comienzo de la reunión, se completó la vacante en la vicepresidencia primera de la Comisión siendo designado para el cargo el diputado nacional Alejandro Vilca (PTS-Frente de Izquierda Unidad) tras la renuncia de su par Nicolás Del Caño.