El Ejecutivo nacional decidió vetar en su totalidad el proyecto de ley que buscaba redistribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un desafío a los gobernadores que reclamaban un reparto más equitativo.
En un movimiento que promete reavivar las tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias en un momento crítico, luego de la fuerte derrota del Gobierno el domingo pasado, el presidente de la Nación vetó completamente el proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, que buscaba modificar el esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La decisión, plasmada en el decreto presidencial 652/2025, se fundamenta en la necesidad de “mantener la naturaleza discrecional de estos fondos, concebidos como una herramienta excepcional para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales, y no como parte de la masa coparticipable de distribución automática”.
El proyecto vetado proponía redistribuir los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, creado por la Ley Nº 23.548, según los coeficientes de coparticipación establecidos en dicha norma, incluyendo los porcentajes reconocidos a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, establecía que esta redistribución sería diaria y automática, equiparándola a los fondos coparticipables, lo que, según los gobernadores, garantizaría mayor transparencia y equidad en el reparto.
Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que esta reforma “desvirtúa la finalidad original de los ATN, que es asistir a las provincias en situaciones de emergencia, como desastres naturales, crisis económicas o sanitarias, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19”.
Según el decreto, los ATN son un “instrumento extraordinario” cuya asignación debe permanecer bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional para garantizar flexibilidad y rapidez en la respuesta a contingencias imprevistas.
El veto subraya que transformar los ATN en un mecanismo de distribución automática privaría al Estado nacional de una herramienta clave para corregir asimetrías y atender crisis focalizadas, afectando el equilibrio federal. “La privación de este instrumento para afrontar contingencias graves implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos del Estado Nacional”, señala el decreto, citando el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que prioriza un reparto equitativo y solidario de los recursos.
La decisión presidencial había sido anticipada oportunamente y ha generado un fuerte rechazo entre los gobernadores, quienes ven en el veto un nuevo capítulo en el conflicto por los recursos federales. Los mandatarios provinciales, tanto oficialistas como opositores, habían respaldado el proyecto de ley como una forma de garantizar un reparto más justo y predecible de los fondos, en un contexto de crecientes dificultades fiscales para muchas provincias.
El reclamo por una redistribución automática de los ATN no es nuevo. Las provincias han criticado durante años la discrecionalidad con la que el Ejecutivo asigna estos fondos, argumentando que, en muchos casos, las transferencias responden a criterios políticos más que a necesidades objetivas.
La sanción del proyecto en el Congreso, con amplio apoyo de los bloques legislativos, reflejaba un consenso poco habitual entre las provincias, que ahora ven frustrada su aspiración de reformar el sistema.
El argumento del Ejecutivo
El decreto presidencial defiende la vigencia del artículo 5° de la Ley Nº 23.548, que otorga al Poder Ejecutivo la potestad de asignar los ATN bajo la supervisión de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
Según el texto, esta configuración responde a una “necesidad estructural” del federalismo argentino, que requiere herramientas ágiles para enfrentar crisis imprevisibles. El Ejecutivo cita ejemplos recientes, como las transferencias realizadas en 2024 y 2025 para mitigar emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias, como prueba de la utilidad de los ATN en su formato actual.
Además, el veto invoca el Pacto de Mayo, un acuerdo impulsado por el presidente con varios gobernadores para rediscutir integralmente el régimen de coparticipación federal. El Ejecutivo sostiene que cualquier cambio en el reparto de los ATN debe surgir de un consenso amplio entre la Nación y las provincias, en línea con el carácter de “pacto federal” que la Constitución asigna al sistema de coparticipación.
“Admitir modificaciones unilaterales al régimen de coparticipación importaría desconocer el carácter de pacto federal”, advierte el decreto, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El veto presidencial no solo frena la reforma propuesta, sino que reabre un debate más amplio sobre el federalismo fiscal en Argentina. Los gobernadores, que esperaban un alivio financiero inmediato, deberán ahora replantear su estrategia, ya sea insistiendo en el Congreso para alcanzar los dos tercios necesarios para revertir el veto o buscando negociar un nuevo acuerdo con el Ejecutivo.
Por su parte, el Gobierno nacional insiste en que la solución no pasa por “reformas parciales ni decisiones coyunturales”, sino por un consenso duradero que reformule el sistema de coparticipación en su totalidad.