Con la presencia de 14 legisladores y, por lo tanto, el quórum necesario para sesionar, se reunió este martes la Comisión de Población, que preside la radical Natalia Sarapura. Durante el encuentro se pusieron a consideración y pasaron a la firma un total de 44 expedientes y 34 proyectos de resolución y declaraciones sobre diversos temas.

Sobre uno de ellos, de su autoría, habló la diputada de Unión por la Patria Mónica Macha, quien busca declarar de interés de la Cámara baja el “Monitoreo Sociocultural y Lingüístico sobre el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Derechos Sexuales y Reproductivos en Pueblos Indígenas y Poblaciones Campesinas en Argentina”. Todo un proceso que, precisó, “fue realizado con compañeras de distintas comunidades de diez provincias de la Argentina, reconstruyendo los saberes de las compañeras y cómo estas leyes tienen que tener una perspectiva intersectorial, antirracista”.

También se refirió a un proyecto de repudio y preocupación por el desalojo de su territorio de la comunidad originaria Cueva del Inca, ocurrido el 8 de julio pasado, que atribuyó a la intención de construir emprendimientos inmobiliarios.

Se hizo eco de la cuestión el diputado jujeño Alejandro Vilca, quien agregó que esa situación se vive desde la derogación de la Ley 26.160 y otras normativas de Emergencia Territorial Indígena, que —dijo— representan un avance sobre las comunidades originarias.

También jujeña, la presidenta de la comisión, Natalia Sarapura, pidió la palabra para complementar lo expuesto y admitió que “el tema de las tierras y el territorio merece una reflexión más profunda”. Observó que el Congreso no dio respuestas a las comunidades indígenas para obtener la prórroga de la Ley 26.160. “Se obtuvo un decreto, que (el presidente Javier) Milei derogó y puso a las comunidades en mayor riesgo”, dijo.

Con todo, aclaró que su provincia es la que tiene más políticas públicas para comunidades, como así también es la provincia con mayor relevamiento de tierras y la que posee más títulos de propiedad a nivel nacional. Pero admitió que es también la provincia que más propiedades tiene en conflicto. Abogó finalmente por solucionar “esa situación que nos interpela, y deberíamos tener una ley de propiedad comunitaria de la tierra, que todos los que tenemos un compromiso con este tema deberíamos proponer”.

A continuación, expuso el diputado socialista Esteban Paulón sobre un proyecto que presentó junto a su par Mónica Fein, respecto de una actualización de la medición de precios al consumidor. Basó su reclamo en que el actual sistema refleja la variación de precios según se calculaba en 2004, tiempos en los cuales, por ejemplo, la gran mayoría de las familias argentinas no tenía wifi contratado en sus hogares. “Ese servicio, que en 2004 no estaba en todos los hogares, no se mide. Si ese servicio aumenta, el índice de precios al consumidor no lo registra”, explicó. Lo mismo sucede con la comida para mascotas, que tampoco se toma en cuenta, ni mucho menos con las plataformas, que son un elemento más novedoso.

Y más importante: sumó el peso que tienen los servicios públicos. En 2004 representaban entre el 10 y el 12 % del ingreso, mientras que en la actualidad representan mucho más, fruto de la eliminación de subsidios y la actualización de tarifas. “Se mide metodológicamente bien, pero sobre una base de datos desactualizada”, resumió Paulón.

Agregó que entre 2017 y 2018, en tiempos de Cambiemos, se elaboró otro sistema de medición que representa un poco mejor los consumos actuales, ya que, por ejemplo, se eliminaron parte de los subsidios a las tarifas. “Este índice está testeado, se mide, pero no lo publica Economía por decisión del ministro Luis Caputo”. Y atribuyó tal decisión al 16 % de diferencia en la inflación medida en 2024. Explicó que “eso hubiera dado a las jubilaciones y pensiones un 16 % más de aumento, y la masa previsional se hubiese incrementado en ese porcentaje. Hubiera generado una mejoría en las familias que más lo necesitan. Es fundamental que el Índice de Precios al Consumidor refleje lo mejor posible. Y ese sistema está elaborado, medido y testeado… Falta que se publique”.

Paulón aclaró que el titular del INDEC, Marco Lavagna, relativizó hacerlo ahora, en tiempos de campaña, por su implicancia electoral, pero estimó que “debería actualizarse cuanto antes. Que Toto dé la orden para medir ya”.

La diputada Sarapura anticipó que tienen previsto invitar nuevamente a Lavagna a la comisión, y que cuando concurra le preguntarán sobre el tema.

A su turno, la diputada Lis Marín hizo referencia a un proyecto de Cecilia Moreau y otro suyo, en los que le piden al Poder Ejecutivo revisar la disposición 166/25 de la Dirección Nacional de Migraciones, que podría facilitar el delito de tráfico de menores al favorecer la salida de los mismos del país. “Eso equivalía a un control más, y para las redes de trata es un eslabón menos en los controles”, advirtió la diputada de UP, quien además citó un proyecto del diputado Adolfo Bermejo, en el mismo sentido de modificar el método de medición de los precios al consumidor, y dijo que se lo han planteado personalmente a Lavagna, quien ha mostrado predisposición. “Se lo vamos a plantear cuando venga”, cerró.

A propósito, Sarapura dijo que abordarán en la próxima reunión de la comisión un proyecto para invitar a Marco Lavagna.

Antes del cierre de la reunión, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade recogió el tema del IPC para observar que los trabajadores de la Cámara están un 200 % por debajo en materia salarial, y reclamó al presidente del cuerpo “pagarles lo que corresponde que ganen”.