Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), la oposición pasó a la firma el dictamen de distintos proyectos de resolución y declaración por los cuales se reclama al Poder Ejecutivo que frene la baja de pensiones por invalidez y restituya aquellas que habían sido suspendidas.

Sobre esto, Victoria Tolosa Paz (UP) se preguntó: "¿Qué certeza tenemos hoy con la intervención de la ANDIS y la actuación del nuevo director de que realmente han suspendido el método que habían creado legalmente para dar de baja las pensiones?".

Por eso, consideró "urgente" pedir información sobre "cuáles fueron las bajas reales, con nombre y apellido y cuáles fueron los motivos de la baja". "En la provincia de Buenos Aires es alarmante la cantidad de bajas que se han dado", dijo.

A su turno, Eduardo Valdés (UP) reclamó: "Necesitamos saber quiénes son los empleados de la ANDIS que cobraron horas extras por dar bajas, que luego recibían premios por eso".

"Esto va a quedar en la historia como ejemplo de maltrato y humillación de parte del Estado hacia las personas con discapacidad. Un Estado que decidió avasallar al sector más vulnerable de la sociedad", enfatizó.

Por su parte, Blanca Osuna (UP) señaló que "las provincias fueron expresándose con reclamos de distintos formatos y con respuestas positivas, como el caso de Catamarca con una medida judicial con orden de restitución" de pensiones.

También mencionó a La Rioja y Misiones con acciones por parte de los gobernadores, y Buenos Aires y Formosa con presentaciones por parte de los defensores del Pueblo.

Durante la reunión, Alejandro Vilca (FIT) denunció una "intencionalidad deliberada del Gobierno de dar de baja las pensiones". Sobre el pedido de informes solicitado, indicó que buscan conocer "cómo se realizaron técnicamente las auditorías, desde las notificaciones, qué exámenes médicos se exigen y los criterios". Ante las "irregularidades", exigió que "se restituyan las pensiones".

Aunque el proyecto no estaba en el temario, Roxana Monzón (UP) reveló que presentó un pedido de informes que "pone el foco en una empresa que hasta ahora no tuvo trascendencia" y que fue la encargada de "la logística y la distribución de las cartas documento, de los telegramas y de las notificaciones". "Estamos en presencia de un plan macabro llevado a cabo por una gran empresa de logística", lanzó.

Ley de Emergencia en Discapacidad: respuesta a Guillermo Francos

En el arranque de la reunión, Arroyo subrayó que "la Ley de Emergencia en Discapacidad ya es ley y el Gobierno tiene que promulgarla, y tiene que ponerla en marcha. Es una ley que es obligatoria, no es un consejo, no es una propuesta. Hay que compensar las partidas presupuestarias y esa es la tarea del jefe de Gabinete".

"La ANDIS tiene que actualizar el nomenclador como primer mecanismo", apuntó y sostuvo que " esta ley no tiene impacto presupuestario, sino lo que hace es compensar la deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y sus familias".

En ese sentido, el legislador recordó que el nomenclador tuvo un 0.05% de aumento en todo este año. "La masa de recursos que no se aplicó a discapacidad sería interesante saber a dónde va. ¿Dónde aplicaron los recursos que les correspondían? Porque no se actualizó el nomenclador", agregó.

En referencia al discurso del presidente Javier Milei por cadena nacional, Juan Marino (UP) aseguró que para las personas con discapacidad y sus familias "no solo lo peor no pasó, lo peor recién está arrancando". "Esta mentira de que ahora la prioridad sería Capital Humano con salud, educación, jubilados y discapacidad... Mentira, un mentiroso. Esos aumentos que anunció para 2026 son sobre la base de una inflación trucha del 10% proyectada en el Presupuesto y un dólar que cerraría este año en $1.325, cuando ya rompió ayer el techo de la banda", remarcó.

Respecto a lo dicho por Guillermo Francos sobre que el Poder Ejecutivo promulgará la ley, pero no la reglamentarán porque "no están establecidos de dónde salen los recursos", Marino le recordó al funcionario que en la norma se expresa "taxativamente" que "la facultad de determinar la reasignación presupuestaria es del jefe de Gabinete". Y le advirtió que así lo haga, "si no quiere incurrir en el delito de los deberes de funcionario público" y tener una causa penal o un pedido de juicio político. "Si no la cumple habrá que ir a los tribunales para que le ordenen que la cumpla", completó.

Mientras que Ernesto "Pipí" Alí (UP) manifestó: "(Francos) tiene que leer el artículo 260 y el 264 del Código Penal, ahí va a entender perfectamente de dónde va a sacar la plata. O la va a sacar para los discapacitados o para pagarle a los abogados por la causa judicial que se va a comer".