El ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, reclamó una definición legislativa urgente para diferenciar entre glaciares activos y permafrost. Advirtió que sin esa precisión, iniciativas estratégicas como Vicuña y Pachón seguirán paralizadas. Empresarios y referentes del sector respaldan el pedido.
El Gobierno de San Juan elevó el tono de su reclamo al Ejecutivo nacional y exigió la reglamentación de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010 pero aún sin definiciones técnicas clave. El pedido fue encabezado por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien advirtió que sin una normativa clara, proyectos mineros de escala internacional como Vicuña y Pachón no podrán avanzar.
“Hasta tanto no exista una clarificación en la legislación que hace referencia a los glaciares, no va a poder pensarse en que arranquen proyectos como Vicuña, Pachón o algún otro. Son temas que se deben solucionar antes para que den a la luz esos proyectos, como también el RIGI”, afirmó Perea.
El planteo provincial apunta a diferenciar técnicamente entre los glaciares que constituyen reservas activas de agua —intocables por ley— y los glaciares de escombros o permafrost, que no aportan recursos hídricos. “El objetivo es proteger efectivamente lo que se debe proteger, y eso no se toca de ninguna manera. Pero no se puede frenar todo indiscriminadamente”, sostuvo el funcionario.
La Ley de Glaciares prohíbe actividades que puedan afectar cuerpos de hielo y permafrost, pero no establece categorías ni niveles de impacto. Según la visión sanjuanina, esa ambigüedad genera interpretaciones que paralizan inversiones millonarias.
Perea propuso que la reglamentación tome como referencia la clasificación de la Asociación Internacional del Permafrost, que distingue entre glaciares “blancos”, como el Perito Moreno, y glaciares de escombros. “Un glaciar no se mueve ni se rompe ni se extingue. Lo que hay que resguardar es la reserva activa de agua que aporta”, explicó.
La indefinición legal mantiene en pausa proyectos estratégicos como Vicuña —que integra Josemaría y Filo del Sol, en Iglesia—, ubicado cerca del glaciar G110, lo que exige una delimitación precisa de la zona de exclusión. En Calingasta, el proyecto Pachón enfrenta una situación similar. Los Azules, otro desarrollo clave, continúa en búsqueda de financiamiento, dificultado por el contexto de incertidumbre normativa.
“El agua no se negocia, no se toca”, remarcó Perea, pero insistió en que no se pueden perder oportunidades por indefiniciones políticas. La minería es la principal apuesta económica de San Juan.
El reclamo fue respaldado por el referente político y minero Mario Capello, quien recordó en la red social X que desde 2014 impulsa la necesidad de reglamentar una ley “única en el mundo”. “Dicha propuesta fue elaborada con fundamentos legales, técnicos y científicos irrefutables”, señaló.
También se sumó al debate el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, quien alertó en el Senado sobre las consecuencias de la falta de precisión legal. “El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva”, afirmó. Y agregó que la ley, aunque se denomina de glaciares, en realidad regula “crioformas”, un concepto más amplio que incluye formaciones sin función hídrica significativa.
“Todos estamos de acuerdo en proteger los glaciares”, concluyó Cacciola, “pero esta ley es lo suficientemente confusa como para impedir cualquier tipo de actividad productiva, además de la minería”.