Tal y como viene sucediendo desde hace varios meses, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa avanzando con el debate en torno a la creación del servicio penitenciario porteño y comenzó a analizar el armado de una Agencia de Reintegración Social.

De esta manera, el eje central de este encuentro fue la definición del órgano de aplicación para la ejecución de la pena, particularmente la creación de una Agencia de Reintegración Social, que articulará las funciones vinculadas a la seguridad penitenciaria y a la reintegración de las personas privadas de la libertad.

La exposición estuvo a cargo del Subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, Leandro Halperin, quien presentó la compleja situación que enfrenta actualmente la Ciudad. “Tenemos 2.500 personas detenidas en comisarías del sistema federal sin preparación para llevar adelante esa tarea, con falencias también en cuanto a los espacios", explicó.

Por otra parte, según detalló el funcionario, la Ciudad tiene bajo su responsabilidad aproximadamente 500 detenidos a disposición de los jueces locales y otros 500 en diferentes instancias del sistema.

En su exposición, Halperín explicó que el diseño institucional actual no contemplaba custodiar detenidos del sistema federal, lo que obligó a reformular los elementos y el personal para atender esta emergencia. En ese contexto, la Ciudad debió formar a personal policial para cubrir funciones penitenciarias de manera transitoria, ya que todavía no se cuenta con un sistema propio.

De esta manera, la propuesta plantea que en lugar de un servicio penitenciario tradicional, se cree una Agencia de Reintegración Social con un diseño interdisciplinario que contemple dos grandes áreas: por un lado, el Cuerpo de Seguridad Penitenciario, que sea responsable de la custodia, traslados y control de los centros de detención, que esté formado específicamente para el uso controlado de la violencia y sea el encargado de la seguridad externa e interna y control de ingresos; y, por el otro, el Equipo Civil y Profesional, integrado por educadores, psicólogos y especialistas, que esté encargado de implementar el "Plan de Vida" de cada persona condenada, siendo el responsable de promover la reintegración social, tanto para personas en contexto de encierro como para aquellas sin privación de libertad y quienes han transitado por el sistema.

Además, Halperin explicó que la pena responde a un daño hecho en el pasado, pero el Estado tiene la oportunidad de que esa persona adquiera nuevas herramientas para que su vuelta a la sociedad sea no conflictiva".

"Una Agencia es más que el servicio penitenciario: supone un enfoque interdisciplinario, con un cambio que separe claramente las funciones de seguridad de las de reintegración", concluyó el funcionario, destacando que "es difícil que las mismas personas que aplican control y tienen el monopolio del uso de la fuerza cuando se justifica, se ocupen también de la formación y las herramientas para la reintegración".

La propuesta del Poder Ejecutivo ubica la agencia bajo la órbita del Ministerio de Justicia, fundamentando que "la ejecución de la pena es una función del sistema judicial" y que "el Poder Ejecutivo asiste al Poder Judicial en la ejecución de la sentencia". También se destacó que la conducción de los establecimientos de detención y de la Agencia debería estar en manos civiles, y que los estándares internacionales serán la base para el diseño institucional y de infraestructura.

Asimismo, Halperin subrayó que la Legislatura tiene autonomía para definir cómo se capacitará a los futuros agentes penitenciarios, ya sea en el actual Instituto de Formación Policial o en un nuevo organismo especializado. La Agencia propuesta "no debe limitarse a la custodia, sino garantizar también el derecho de las víctimas y la reintegración social de quienes cumplen condena".