Era uno de los dos platos fuertes de la sesión de este miércoles junto a la Ley Garrahan. La votación resultó 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. La norma busca garantizar el presupuesto de las universidades nacionales, con el foco puesto en la recomposición salarial de docentes y no docentes.
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Con una masiva marcha en las afueras del Congreso de la Nación, puertas adentro en el recinto de la Cámara de Diputados la oposición se encestó la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario con los dos tercios de los votos para blindarla y rechazó así el veto presidencial en la sesión de este miércoles. Pasa al Senado.
La norma fue aprobada por 174 votos afirmativos, 67 votos negativos y una abstención. A diferencia de lo que ocurrió en agosto pasado cuando le faltó tan solo un voto para los dos tercios. Además de los bloques opositores, hubo acompañamiento de un sector del Pro, Innovación Federal y los ex oficialistas de Coherencia y el MID. También votaron a favor algunos miembros de Liga del Interior.
Cabe recordar que es la segunda vez que el Congreso de la Nación trata el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, ya que en el 2024 el presidente Javier Milei también había vetado la norma y, en esa oportunidad, el oficialismo había logrado blindarlo.
La comunidad universitaria se congregó a la Plaza de los dos Congresos.
¿Qué establece la ley?
La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.
Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándolos por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.
Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.
Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.
En su debut como diputado nacional, el santacruceño Facundo Prades se presentó con una advertencia dirigida al Gobierno nacional: “Nuestra provincia necesita ser escuchada y asistida”. Hombre cercano al gobernador Claudio Vidal, dejó en claro su postura de cara a las votaciones: “Siempre estaré a favor de la universidad pública y de la salud pública”.
La presidenta del bloque de Innovación Federal, Pamela Calletti, fue crítica de la postura de Javier Milei y advirtió: “el presidente no escuchó y no se puede gobernar a base de veto, tiene que entenderlo este gobierno”. Luego, aseveró que “este gobierno falta a la palabra y utiliza la mentira como herramienta para degradar la institucionalidad”.
Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la diputada salteña se opuso a las palabras de algunos funcionarios y cargó que “el debate es más profundo que una planilla de Excel como lo propone el Gobierno nacional”. Después, auguró que “la única posibilidad de que Argentina tenga un modelo de desarrollo es sobre la base de la garantía a la educación superior de calidad”. “Debe ser una política pública irrenunciable gobierne quien gobierne”, enfatizó en el cierre.
En representación del bloque Democracia para Siempre, Danya Tavela, referente de la bancada en el área educativa, fue concisa en su discurso y cargó: “Estos proyectos de ley son transversales a todos los partidos políticos y tienen una sola bandera que es la celeste y blanca”. “Hoy vamos a votar por la Argentina, a favor del alma y la identidad de la Argentina para seguir siendo un país grande y que nos da oportunidad de futuro”, manifestó.
En la misma línea, el presidente del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, valoró la tarea de su par de bancada en el proyecto de financiamiento universitario, el que a su vez “es producto de la tarea del CIN, de las organizaciones estudiantiles, de los gremios. No es un capricho sectorial”. Y dijo que este debate se trata de “cómo terminamos con el hostigamiento hacia la universidad pública” la cual es “esa escalera que nos dio una oportunidad, que no nos preguntó de dónde veníamos, que cuando nos anotamos no nos pidió un solo centavo”.
Por la Unión Cívica Radical, el diputado nacional Fabio Quetglas, el primero en llegar al recinto media hora antes del inicio de la sesión, se refirió con tono académico a los integrantes de La Libertad Avanza y les explicó que “la educación pública y el capitalismo tienen idénticas génesis”. Luego, concluyó con una frase poética: “Para poder reformar hay que poder amar y, por lo general, el que no ama, destruye”.
Desde el Movimiento de Integración y Desarrollo, el diputado nacional Eduardo Falcone, ex oficialista, tomó la palabra en el recinto y anticipó que “a pesar de creer que se deben priorizar cuestiones que generen más recursos, vamos a votar por la insistencia de las dos leyes”. Luego, cuestionó que “estamos en la situación que estamos porque nuestro país no crece hace décadas” y profundizó que “la universidad debería ser una herramienta básica para salir del subdesarrollo”.
Llegado el turno de Unión por la Patria, Germán Martínez, presidente del bloque, destacó la labor de Pablo Yedlin, en su rol de titular de Acción Social y Salud Pública, a Blanca Osuna, vicepresidenta de Educación, y de Carlos Heller, segundo de Presupuesto y Hacienda. “Estos seis meses vienen a reparar emergencias de sectores por la ausencia de una ley de presupuesto”.
“Cuando estamos acá es porque se están incumpliendo artículos de la Constitución Nacional y se están incumpliendo leyes como el Financiamiento Educativo, la de Educación Nacional y la de Formación Técnica Nacional”, apuntó el rosarino contra el Gobierno nacional. Luego, añadió que “tenemos que defender a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los trabajadores docentes y no docentes que han perdido más del 30% de su poder adquisitivo en este año y ocho meses”.
Con un discurso intenso, Martínez cargó “tenemos que ser capaces en este debate de tomar las mejores ideas de la Reforma Universitaria de 1918 y, también, las mejores ideas de esas universidades que tantos denostan”. Destacó, además, la existencia de las casas de altos estudios más jóvenes y las llamó como “las que supimos crear en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
Efusivo, Germán Martínez reclamó: “la Patria no nos está susurrando, nos está cagando a gritos para que tengamos otra actitud y para poner a la Argentina definitivamente de pie”.
En representación de La Libertad Avanza, el diputado nacional Santiago Santurio se refirió a las leyes en cuestión de ser un “gasto irresponsable que no sabe de dónde sale el financiamiento y genera emisión e inflación”. Sobre las iniciativas, cargó que “esto no es un parche, esto es un ancla que nos hunde, esto rompe las cuentas y nos trae al pasado de decadencia”.
“la economía no se soluciona con leyes, se soluciona con superávit y ser empático es aumentar la Asignación Universal por Hijo y no me vengan a decir que no somos sensibles, pero la prioridad son los niños”, agregó el diputado libertario. Luego, concluyó: “Hay una receta distinta para sacar el país adelante y tenemos que cambiar el modelo de la Argentina”.
Para concluir el ciclo de intervenciones, la diputada nacional Juliana Santillán expresó que “no se puede defender la educación destruyendo las cuentas públicas”. Trajo a debate el contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y concluyó: “El presidente Milei tiene el mandato de ordenar las cuentas públicas para garantizar un crecimiento viable para todos”. “El déficit cero no se negocia”, cerró.