El diputado nacional socialista presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación y varios funcionarios de su gabinete por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La ley, que fue ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial, aún no fue publicada en el Boletín Oficial.
El diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Encuentro Federal, presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la demora en la publicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el pasado 4 de septiembre tras revertir el veto presidencial. La presentación judicial también incluye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y al director del Boletín Oficial, Walter González.
“La ley está vigente desde que el Congreso insistió con su sanción, pero el Ejecutivo sigue sin publicarla en el Boletín Oficial. Pasaron más de diez días hábiles y los beneficiarios no tienen información sobre cómo y cuándo se van a implementar los cobros. Es vergonzoso”, expresó Paulón, quien calificó la situación como un “delito” y acusó al Gobierno de “jugar con la angustia de las personas”.
La Ley 27.739, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2027, fue aprobada con amplio consenso: 172 votos a favor en Diputados y 63 en el Senado. La normativa garantiza la actualización automática de aranceles para prestaciones del Plan Incluir Salud, pensiones no contributivas y subsidios para centros terapéuticos. Sin su publicación, el Ejecutivo no puede girar las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.
Paulón, acompañado por la diputada Mónica Fein, advirtió que el incumplimiento del Ejecutivo podría incluso configurar abandono de persona. “Se ve una desorientación política en el presidente y falta de registro social. Tiene que empezar a poner los pies sobre la tierra porque la gente la está pasando mal y las personas no son un número en una tabla de Excel”, sostuvo el legislador.
Desde el Gobierno, Guillermo Francos reconoció que la ley será promulgada, pero advirtió que no se aplicará hasta definir el financiamiento. “Que me digan a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, cuestionó el funcionario, en una declaración que fue duramente criticada por los denunciantes.
La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y exige que la Justicia actúe con celeridad ante lo que consideran una “crueldad política” que afecta a más de dos millones de personas con discapacidad y sus familias.
