La diputada Ana Clara Romero, representante de Chubut en la Cámara baja, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita a la Secretaría de Energía de la Nación un informe detallado sobre las razones que llevaron a excluir a la producción de hidrocarburos convencionales de los beneficios fiscales establecidos en el Decreto Nº 305/2025.

El pedido se ampara en el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, y exige que el informe incluya los criterios técnicos, económicos y sociales que sustentaron la decisión, así como un análisis del impacto económico y fiscal de la exclusión. También reclama una evaluación sobre sus efectos en la producción, el empleo y la recaudación de las provincias productoras, y las políticas actuales o previstas para sostener la actividad en las cuencas maduras del país.

En los fundamentos del proyecto, Romero advierte que la exclusión del petróleo convencional de los beneficios fiscales profundiza las asimetrías en el esquema productivo nacional y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, además de comprometer una fuente estratégica de divisas. “Mientras se promueve la competitividad de diversos sectores industriales mediante la desgravación de derechos de exportación, se margina a la producción convencional, que sostiene gran parte de la actividad energética en regiones como el Golfo San Jorge”, señala.

La diputada chubutense remarcó que los yacimientos convencionales enfrentan crecientes costos operativos y una carga fiscal que incluye una alícuota del 8% en concepto de derechos de exportación, lo que reduce la rentabilidad y desalienta inversiones. En ese contexto, recordó que el propio gobierno provincial, junto con las operadoras del Golfo San Jorge, propuso al Ejecutivo nacional eliminar los derechos de exportación para el crudo convencional, ofreciendo a cambio una reducción de regalías en el segmento no convencional, con el compromiso de reinvertir los flujos adicionales en la región.

Según datos oficiales, en 2024 Chubut exportó 9,4 millones de barriles de petróleo crudo por un valor de 740 millones de dólares. Sin embargo, las empresas del sector perdieron más de 22 millones de dólares por el efecto combinado del menor precio FOB y las distorsiones en el mercado interno. De ese total, 60,5 millones se explican por el impacto directo de los derechos de exportación, mientras que 166,6 millones derivan de desarbitrajes con las refinerías locales.

Romero concluyó que el petróleo convencional muestra signos claros de agotamiento, con caída en la producción, precios deprimidos y dificultades financieras para las operadoras. “La ausencia de incentivos fiscales adecuados compromete la continuidad de la actividad, afectando la seguridad energética, la estabilidad económica regional y la generación de divisas para el país”, advirtió.