El diputado cordobés pide que se investigue si se cometieron delitos detrás de "una extraña maniobra de generación de divisas", que además perjudicó a la mayoría de los productores.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó una denuncia penal contra funcionarios del Poder Ejecutivo por el decreto 682/2025, que eliminó de forma transitoria las retenciones a granos y subproductos.
En el escrito, el cordobés sostuvo que la medida permitió que un grupo reducido de cerealeras concentrara exportaciones por 7.000 millones de dólares en 72 horas (lo que representa una quita del 9% en la recaudación de septiembre), dejando afuera a la mayoría de los productores.
El legislador resaltó, además, que hubo declaraciones sin respaldo físico de mercadería y posibles acuerdos previos con el ministro de Economía, Luis Caputo.
De acuerdo a la denuncia, el dirigente del Pro de Córdoba pide que se investiguen los presuntos delitos de administración fraudulenta, defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público e información privilegiada.
"El día 22 de septiembre de 2025, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en un contexto de extrema fragilidad política y financiera, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 682/2025, mediante el cual se eliminaron transitoriamente los derechos de exportación (retenciones) sobre granos y subproductos, hasta el 31 de octubre o hasta alcanzarse un cupo de U$S 7.000 millones", relató en el escrito.
Agost Carreño señaló que "en apenas 72 horas, el cupo quedó agotado, lo que reveló que un reducido grupo de grandes cerealeras y exportadoras había logrado inscribir operaciones millonarias en tiempo récord, mientras que la mayoría de los productores quedaron excluidos de la ventana de excepción".
Sobre esto, mencionó que "diversas entidades rurales denunciaron que varias empresas declararon exportaciones sin contar con la tenencia física de los granos, lo que violaría la normativa vigente, que exige la existencia efectiva de la mercadería". "El propio titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, admitió públicamente esta circunstancia", agregó.
El diputado opositor aseveró que "la operatoria que se denuncia pudo significar un pago adelantado con descuento usurario, asegurando divisas de corto plazo a costa de un perjuicio fiscal grave y arbitrario, daño que se extiende en sobremanera a los productores agropecuarios, y realizado al mismo tiempo que se decidió no aplicar una ley vigente sobre discapacidad 'que rompería el déficit cero' pretendido por el mismo Gobierno".
"Con esta presentación no se pretende judicializar la política económica y aduanera del Gobierno, sino por el contrario lo que se pide es una investigación preliminar ante la posibilidad de que existieran ilícitos penales en una extraña maniobra de generación de divisas", completó en la denuncia.