En una nueva reunión de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, los diputados de la oposición reafirmaron la voluntad de citar funcionarios. “El Congreso de la Nación no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales”, advirtió Ferraro.
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Después de haber sufrido un revés judicial, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para reafirmar la intención de que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional asistan al debate y se aprobó la apelación a la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi para volver a exigir la comparecencia de distintos testigos con auxilio de la fuerza pública.
A última hora de este lunes, el juez federal emitió resolución donde informó que “el pedido es improcedente” y sostuvo que su juzgado no tiene competencia para ordenar ese tipo de medidas. “No se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones y la decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, señaló Maximiliano Ferraro, titular de la Comisión Investigadora.
Cabe recordar que, para esta reunión, el organismo parlamentario había resuelto receptar la declaración testimonial de Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia; Demian Reidel, ex titular del Consejo de Asesores de Javier Milei; Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, emprendedores del universo crypto; y Sergio Morales, extitular de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, la Investigadora había convocado a exponer a Hayden Davis, Diógenes Casares, Julián Peh y Charles Hoskinson.
Por otro lado, resolvieron oficiar a la plataforma RIPIO para que explique su participación e involucramiento con la criptomoneda $LIBRA, al haberla ofrecido públicamente para la compra el día de su lanzamiento.
“El Congreso de la Nación no va a permitir que ningún poder del Estado intente obstruir, neutralizar o impedir el ejercicio de sus atribuciones investigativas constitucionales. Hay más de cien años de historia parlamentaria que respaldan estas facultades del Congreso, que no pueden ser anuladas ni condicionadas de un plumazo para proteger a funcionarios de turno”, cargó Ferraro a través de X.