La causa por la criptomoneda $LIBRA suma un nuevo capítulo judicial: el fiscal Eduardo Taiano ordenó peritar los teléfonos de Javier y Karina Milei, en busca de pruebas que los vinculen con los impulsores del proyecto cripto que desató un escándalo político y financiero.
A casi ocho meses del estallido del caso, el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó un peritaje sobre los teléfonos incautados en la causa que investiga el lanzamiento de la memecoin $LIBRA. El objetivo es determinar si el presidente Javier Milei mantuvo comunicaciones con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros involucrados en el proyecto, antes, durante o después de su aparición pública.
La medida también alcanza a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Sergio Morales, quien se desempeñaba como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) al momento de los hechos. El análisis forense abarcará tanto mensajes como imágenes que puedan haber sido registradas en el período investigado.
Los dispositivos fueron secuestrados el 6 de marzo de este año. En el caso de Novelli, se trata de un iPhone 16 Pro Max, un Motorola E6 Play y una CPU gamer. A Morales se le incautaron un Samsung Z Flip 3, una MacBook Air modelo A1370 y un pendrive Sony de 32 GB.
Según informa Hugo Alconada Mon este miércoles en La Nación, el pedido fue dirigido a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, con el fin de rastrear cualquier contenido vinculado al proyecto $LIBRA. Se busca reconstruir las conversaciones que Novelli y Morales mantuvieron con distintos actores clave, entre ellos los hermanos Milei, Davis y Terrones Godoy.
También se investiga si hubo contacto con figuras del ecosistema cripto como Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (Kip Protocol), Julian Peh (Cube Exchange) y Bartosz Lipinski, entre otros.
El fiscal solicitó revisar todas las plataformas de mensajería utilizadas: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn y los mensajes de texto tradicionales. Además, se pidió identificar llamadas y mensajes vinculados a las líneas telefónicas registradas a nombre de Javier Milei (13 números) y Karina Milei (1 número).
La pesquisa no se limita a los interlocutores, sino también a los temas tratados. Por eso se ordenó buscar referencias al Tech Forum, al desarrollo y lanzamiento de $LIBRA, y a términos como “memecoin”, “token”, “solana”, “binance”, “kraken”, “insider”, “sniper”, “rug pull” y “pump and dump”.
También se rastrearán palabras clave relacionadas con la gestión gubernamental, como “presidente”, “milei”, “karina milei”, “gobierno”, “olivos” y “casa rosada”, además de imágenes tomadas en eventos públicos o en edificios oficiales.
Por último, se ordenó establecer la geolocalización de los dispositivos entre el 12 y el 19 de julio del año pasado, y entre el 13 y el 16 de febrero de este año. El fiscal también pidió verificar si los teléfonos tienen instaladas aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales como Phantom y Solflare, y recuperar cualquier contenido que haya sido eliminado.
Curioso, ¿no?
Recién ahora, justo después de que la Comisión Investigadora del Congreso se reuniera con el juez y le exigiera informes y dictámenes sobre las comunicaciones entre funcionarios públicos e implicados directos en $LIBRA, y mientras que hoy remitiremos el oficio… pic.twitter.com/lA0y0wM84U
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 8, 2025
La noticia se conoce el día después de que la comisión investigadora que encabeza el diputado Maximiliano Ferraro sufriera un traspié ante la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi de rechazar el pedido de los diputados para permitir la comparecencia de distintos testigos con auxilio de la fuerza pública.
La resolución fue cuestionada por los legisladores, que resolvieron apelar la medida. “No se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones y la decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, señaló Maximiliano Ferraro.