La iniciativa propone una intervención federal por 180 días, con el objetivo de garantizar la independencia judicial y restablecer la legalidad republicana en la provincia. Denuncian una grave crisis institucional, con paralización de causas de corrupción y designaciones irregulares.
Tal cual lo anunció durante la sesión de este miércoles en la Cámara baja, el diputado nacional José Luis Garrido presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, en virtud de lo establecido por el artículo 6° de la Constitución Nacional. La iniciativa busca garantizar la forma republicana de gobierno, la independencia judicial y la recta administración de justicia, ante lo que se considera una grave crisis institucional en ese distrito.
El texto declara en comisión a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y al resto de los integrantes del Poder Judicial santacruceño, y faculta al Poder Ejecutivo Nacional a designar un Interventor Federal, quien no podrá ejercer funciones jurisdiccionales pero sí tendrá amplias atribuciones administrativas.
Facultades del interventor
Entre las facultades previstas, el interventor podrá remover, ratificar o suspender magistrados, funcionarios y empleados judiciales; dictar reglamentos para establecer subrogancias y designaciones de conjueces; y ejercer todas las atribuciones necesarias para cumplir los objetivos de la ley.
La iniciativa presentada por el legislador de Por Santa Cruz establece que las designaciones que realice serán consideradas “en comisión” hasta que se normalice institucionalmente el Poder Judicial de Santa Cruz. El Ministerio de Justicia de la Nación será el encargado de impartir instrucciones al Interventor, mientras que el Ministerio de Seguridad deberá garantizar el apoyo operativo mediante la Policía Federal y la Gendarmería Nacional.
La intervención tendrá un plazo inicial de 180 días, prorrogables por igual período mediante decreto del Poder Ejecutivo. Los gastos que demande la medida serán imputados al presupuesto judicial de la provincia.
El proyecto denuncia una “sistemática pérdida de independencia judicial” en Santa Cruz, atribuida a la subordinación política de los órganos jurisdiccionales al ex Poder Ejecutivo provincial. Entre los hechos mencionados se destacan la paralización de causas por corrupción, el nombramiento discrecional de jueces y fiscales, y la designación de un vocal del Superior Tribunal sin cumplir los requisitos legales.
“La desconfianza pública en las decisiones judiciales erosiona no solo la credibilidad institucional, sino también los derechos de los ciudadanos y el acceso real a la justicia”, señala el texto. Y agrega que la intervención federal, aunque excepcional, debe estar disponible como remedio constitucional frente a la quiebra de garantías elementales.
La propuesta incluye salvaguardas para evitar arbitrariedades, establece límites en las facultades del interventor y prevé mecanismos de control parlamentario. “La restauración de una justicia independiente, transparente y funcional es imprescindible para preservar la democracia”, concluye.
