Con una marcada mora y a dos meses del recambio parlamentario, se pondrá en marcha la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. La reunión está prevista para este martes a las 17, en el Salón Illia del Senado.

La comisión fue creada en los '90, a través de la Ley de Reforma del Estado, y hace años no se reúne. El año pasado, a partir de la sanción de la Ley Bases, recobró expectativa su funcionamiento. Pero el mismo se demoró bastante.

Justamente sobre esto advirtió al jefe de Gabinete, en junio pasado, el senador salteño Juan Carlos Romero. “Diputados envió a los integrantes, el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora y me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla”, lanzó el legislador y cuestionó “esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”. “El Gobierno no tiene ningún inconveniente en que se constituya una comisión del Senado”, respondió Guillermo Francos.

Lo cierto es que en el marco de apuro del Gobierno por iniciar una serie de licitaciones en lo que queda del año, y con la decisión reciente de la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina -lo que ya ha despertado un fuerte rechazo-, la comisión se activará.

En el encuentro está previsto que se designen las autoridades, se determinen los días y horarios de trabajo y se proponga un plan de trabajo.

Por el Senado la integrarán el mencionado Romero, de Provincias Unidas; Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, de la UCR; Carlos "Camau" Espínola, de PU; y Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, de Unión por la Patria.

En tanto, por la Cámara de Diputados figuran Florencia Carignano y Ana María Ianni, de UP; Facundo Correa Llano, de LLA; Pablo Cervi, de Liga del Interior; Diego Santilli, del Pro; y Victoria Borrego, de la Coalición Cívica.

De acuerdo a la Ley de Bases, el ministro o el secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad sujeta a privatización deberá elevar al Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas del Estado, un informe circunstanciado con la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.

Una copia del informe deberá será remitido a la Comisión Bicameral del Congreso. Finalizado el proceso de privatización, la Auditoría General de la Nación evaluará el procedimiento.

Según la norma aprobada por el Congreso, en el caso de las empresas Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

Como sujetas a total privatización quedaron Energía Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

De acuerdo al artículo 13 de la Ley Bases, la comisión "intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de las disposiciones de la presente ley" y "a los efectos de cumplir con su cometido", deberá ser informada de: la modalidad y procedimiento seleccionado; cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo; las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión; y toda otra circunstancia de relevancia vinculada al proceso de privatización.

"La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación actuarán en colaboración permanente con esta Comisión", reza la norma.