Matías Barroetaveña (UP) presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante el cual buscará obtener información sobre la implementación de ese sistema y los requerimientos judiciales se aplicarían para encontrar a los prófugos.
Con la intención de mejorar la seguridad en el distrito capitalino, el diputado de Unión por la Patria (UP) Matías Barroetaveña impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa de resolución mediante la cual se buscará obtener información sobre el funcionamiento el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos establecido en la Ley N° 5688.
De esta manera, el peronista planea conocer si se encuentra en funcionamiento el Sistema Preventivo, que tiene como objeto la identificación de patrones predefinidos sobre imágenes de video en vivo, mediante la aplicación de métodos analíticos orientados a prevenir acciones relacionadas con un posible hecho delictivo; los requerimientos judiciales que ha recibido la autoridad de aplicación para el empleo del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, desde el 2019 hasta la fecha del presente; y la empresa proveedora del software para dicho sistema.
También prevé conocer los estándares de seguridad y de calidad empleados para garantizar un preciso funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos; cuántos falsos positivos arrojó el sistema desde el 2019; cuál es el organismo responsable de la custodia de los datos biométricos faciales almacenados por estos sistemas, entre otros puntos.
En los fundamentos de la iniciativa, el peronista explicó que “el almacenamiento y análisis de datos biométricos faciales, con o sin empleo de la IA, es un tema aún hoy controvertido y sumamente sensible debido a que se trata de los datos personales de todas las personas (en este caso, de aquellas que transitan por el territorio porteño): lo que está en juego es la privacidad de cada una de ellas”.
“Además, existen antecedentes de falsos positivos, tanto a nivel nacional como internacional, en el marco de investigaciones judiciales; y ello plantea mayor prudencia en el uso de esta tecnología y mayor evidencia que acredite que el empleo de este recurso es seguro y eficaz dentro el marco normativo vigente”, sentenció.