La CPM, es un organismo creado por la ley 12.483 en el año 2000, que según se dijo hoy funciona como “una herramienta al servicio de una facción política”.
El diputado libertario Guillermo Castello presentó un proyecto para suprimir la CPM, acusando al organismo de operar como “una herramienta política kirchnerista” y de “perseguir periodistas”.
El legislador marplatense no es el primer diputado que pretende suprimir la CPM, en su tiempo, otro diputado de “La Feliz”, el legendario Juan Garivoto amagó con no aprobarle el presupuesto, como represarías por informes lapidarios que el organismo hacía al gobierno de entonces, cuando daba sus primeros pasos en los primeros años del siglo XXI. Antes por opositor y ahora por oficialista, la CPM nuevamente está en la mira de los marplatenses.
El diputado bonaerense que integra el bloque de LLA pero que ingresó por Avanza Libertad, el sello electoral liderado por José Luis Espert, y por la sexta sección electoral, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para eliminar la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo estatal creado por la ley 12.483 en el año 2000, en la víspera de una de las crisis más importantes que azoló a la república.
En su iniciativa, Castello denuncia que la CPM “se desnaturalizó” y que hoy funciona como “una herramienta al servicio de una facción política”; casi las mismas palabras que su coterráneo Garivotto.
Con declaraciones que generaron fuerte repercusión, el legislador marplatense calificó a los integrantes del organismo como “militantes zurdos y kirchneristas” y los acusó de “perseguir periodistas” y “apoyar descaradamente las peores políticas kirchneristas”. Aquí solo en parte se asemeja a las críticas del cafierista.
La iniciativa actual busca derogar la ley que le dio origen, porque según el autor de la iniciativa, el diputado Castello “no puede haber organismos estatales al servicio de facciones”.
En su presentación, Castello argumentó que “no puede haber organismos estatales al servicio de facciones políticas” y que la CPM “opera como una usina de militancia ideológica”.
El proyecto propone derogar la ley que le dio origen y cerrar el ente, lo que implicaría el cese de sus actividades y la redistribución de sus funciones.
La iniciativa se inscribe en una avanzada discursiva de sectores libertarios que cuestionan el rol de organismos de derechos humanos, especialmente aquellos con posicionamientos críticos hacia gobiernos no alineados con el kirchnerismo.
