La Comisión Bicameral Defensoría del Pueblo se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia para avanzar con la selección de postulados al cargo del defensor homónimo y a la Procuraduría Penitenciaria de la Nación. Sin embargo, la diputada libertaria Lilia Lemoine pidió por la impugnación del proceso y planteó que varios de los candidatos cumplen “requisitos de incompatibilidad” con el cargo.

“Ante todo en la Ley de la Defensoría del Pueblo… en el Capítulo VII… en Incompatibilidades dice que el cargo de defensor del pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia estando a levedad la actividad política partidaria”, explicó Lemoine.

En otro tramo de la reunión, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti tomó la palabra y aclaró que “las incompatibilidades que nombró la legisladora son ‘en ejercicio’”. “Es claro que (la ley se refiere) en ejercicio de la Defensoría de la Nación y que no se puede tener otro cargo ni siquiera partidario”. Minutos antes, Juliana di Tullio evitó pronunciarse sobre la moción de la legisladora oficialista, pero sintetizó: “Me parece impropio todo su contenido”.

No obstante, el momento en que Lemoine propuso impugnar el proceso y la posterior explicación de la mendocina se volvió viral en redes sociales. Y lejos de llegar a una tregua, la diputada nacional Marcela Pagano -quien está enfrentada a la libertaria desde hace meses- ironizó en un posteo de X: “Es apremiante que mejoremos las herramientas educativas para que el nivel de lecto-comprensión de los argentinos vuelva a estar entre los mejores del mundo”.

Es apremiante que mejoremos las herramientas educativas para que el nivel de lectocomprensión de los argentinos vuelva a estar entre los mejores del mundo! https://t.co/iPRm4f0nhf

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 22, 2025

Con la intención de nutrir su argumento, Lilia Lemoine agregó que “es mentira que se haya promovido la participación ciudadana... sobre todo porque los preseleccionados fueron a dedo”. También esgrimió que “se está ‘bufonizando’ este proceso para lograr meter en tiempo récord un defensor del pueblo porque el sector oficialista no alcanza al tercio en las dos cámaras”.

“Yo me pregunto: ¿cómo es que tenemos candidatos que son legisladores, exlegisladores, pertenecientes a grupo políticos, legisladores en actividad, jueces o un juez que presentó 15.000 avales en tiempo récord que fue destituido por abuso de poder que eso merece una impugnación por sí mismo?”, cuestionó la diputada de La Libertad Avanza.

También, planteó que “el proceso ya está mal” porque “el proceso de selección no está contemplando las funciones administrativas, y el proceso debe ser impugnado y deberíamos revisarlo”. Además, manifestó que “la Constitución dice que cualquier ciudadano puede ser defensor del pueblo, no creo que tenga la ‘federalidad’ necesaria”.

Antes de terminar su intervención en el Salón Arturo Illia, Lemoine reiteró que “no se está respetando el derecho democrático”, y consideró que “se aceleró cuando La Libertad Avanza perdió el tercio de apoyo en el Congreso”. Reiteró que se debe impugnar el proceso, advirtió que “di la chance de que el proceso siguiera y me doy cuenta de que no se está haciendo de manera correcta”, y agregó: “solo fueron notificados los que están conectados con la política”.

En el cierre de la conjetura presentada ante los vocales de la Bicameral Defensor del Pueblo deslizó otro cuestionamiento: “¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para seguir poniendo palos en la rueda a un gobierno? Esto no fue abierto al público ni de amplia participación y debería impugnarse porque a los 39 finalistas los elegimos a dedo y ayer”.

Las autoridades de la Bicameral Defensor del Pueblo, Daniel Kroneberger en el rol de presidente y Margarita Stolbizer como secretaria, quedaron atónitos con la moción elevada por la diputada libertaria. En el final Anabel Fernández Sagasti incorporó que “me extraña que se falte a la verdad para intentar ensuciar un proceso que la Constitución nos manda a los legisladores y no podemos mirar para otro lado”.

Y relató que tanto al proceso de selección de candidatos para la Defensoría del Pueblo como el de la Procuraduría Penitenciaria se exigió la entrega del certificado de antecedentes penales, el de posibles deudores alimenticios y una planificación de lo que desean hacer. “Hemos subido la vara de lo que establece la Constitución Nacional y la ley para hacer este proceso más serio”, concluyó.