La Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado llevó a cabo una nueva reunión este martes, durante la cual se anunció que el próximo 13 de noviembre a las 12 convocarán a funcionarios del Ministerio de Salud y la ANMAT. "Son las dos instituciones que sería muy importante escuchar", aseguró Mónica Fein (EF).

Además, la presidenta de la comisión informó que el 3 de noviembre una comitiva de legisladores viajará a Rosario para mantener allí una reunión con familiares de víctimas.

Fein se refirió al informe final que la comisión deberá elaborar para el 9 de diciembre, donde se buscará "dar cuenta de lo que hicimos y de lo que creemos que hay que hacer hacia adelante para que esta tragedia sanitaria no vuelva a ocurrir".

Para el encuentro de este martes estaban convocados el director General de Calidad de Atención Médica del Ministerio de Salud, Juan Pablo Vivas; y la titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos C. Malbrán", Claudia Perandones, pero ninguno asistió. En el caso de la segunda se acordó enviarle preguntas por escrito.

En el arranque, Victoria Tolosa Paz (UP) hizo un resumen de lo realizado por la comisión, que actualmente está a la espera de una segunda tanda de respuestas de la ANMAT y se elevó además un pedido de informes al Ministerio de Seguridad. Sobre la convocatoria a funcionarios luego de enviar preguntas por escrito, señaló: "Creemos que es la mejor manera de utilizar el tiempo y no llegar sin información previa".

A su turno, Silvana Giudici (Pro) resaltó que “la función más importante que tenemos es el backstage, lo que no se ve del trabajo que venimos realizando, sobre toda la documentación, para que los informes finales reflejen no solo la posibilidad de mejorar las leyes que vamos a proponer, sino también dónde estuvieron las fallas, tanto en el control público como en las incumbencias profesionales y de los dueños de los laboratorios”.

Alejandro Ayala, hermano de una víctima del fentanilo contaminado, aseguró que la tragedia ocurrida "no se resume solamente a un laboratorio que operaba en pésimas condiciones, ni a un organismo de control que no hizo lo que tenía que hacer, sino que reflejó una crisis institucional que se debía a la falta de fiscalización". En ese sentido, enumeró que hubo "fallas del sistema de control, fallas en los mecanismos de reporte de información y fallas en la fiscalización sanitaria".

Luego, familiares de víctimas que ya se habían presentado antes en la comisión leyeron un conjunto de propuestas a los legisladores, quienes coincidieron en sumarlas como anexo al informe final.

Entre ellas, mencionaron una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, garantizando auditoría pública y judicial; y estudiar modelos internacionales para que no haya violación dentro de los controles cruzados.

También, la digitalización y centralización de la información sanitaria; garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados; crear un sistema nacional de alerta y notificación inmediata; incorporar sanciones específicas para los establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información; y fortalecimiento de la ANMAT y control de la industria farmacéutica; entre otras.

Tras ello, Pablo Yedlin (UP), presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, hizo alusión a un proyecto de su autoría que espera que avance y es el que busca jerarquizar la ANMAT; en el mismo "están previstas muchas de las cosas que plantearon los familiares", dijo. No obstante, se mostró con pocas expectativas de la voluntad del oficialismo y, tras mencionar que el ministro Mario Lugones nunca concurrió al Congreso, advirtió: "Es muy difícil construir política cuando desde el Poder Ejecutivo hay silencio".

De la reunión también participó Luciana Marchisio, miembro del Observatorio de Víctimas de Delitos, que funciona bajo la órbita de la Cámara de Diputados, quien comentó que la directora de este organismo, María Luján Rey, se reunió con la titular del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) - que depende del Poder Ejecutivo- para ponerla en conocimiento de lo expuesto en la Comisión Investigadora, donde "la mayoría de los familiares relató no haber recibido ningún tipo de asistencia por parte del Estado".

En ese sentido, reveló que se le comunicaron todos los contactos y desde el CENAVID tomaron "el compromiso de contactarlos y dar cumplimiento a lo que está estipulado en la ley" 27.372.