La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. escuchó los argumentos de la defensa argentina en el caso por la expropiación de YPF. El país busca revertir el fallo de USD 16.100 millones dictado por la jueza Preska, al considerar que se aplicó erróneamente el derecho argentino.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos celebró la audiencia de alegatos orales en la apelación presentada por la Argentina en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management contra la República Argentina y YPF S.A.
La Procuración del Tesoro informó que se trata de la apelación al fallo de USD 16.100 millones dictado en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, al que calificó como “erróneo”.
Durante la audiencia, los abogados argentinos insistieron en que el tribunal debe aplicar correctamente el derecho argentino, como lo haría un juzgado local. Subrayaron la relevancia del caso para el país y apelaron al “sentido de justicia” del tribunal estadounidense.
La defensa sostuvo que el litigio se basa en una interpretación equivocada del estatuto de YPF y en ficciones jurídicas que deben ser descartadas. “Este no es un caso de derecho bursátil estadounidense ni se refiere a declaraciones del prospecto de la IPO de YPF en 1993”, señalaron.
Recordaron que los demandantes no compraron acciones en esa oferta pública, sino años después, en operaciones privadas con Repsol en España, rodeadas de sospechas de corrupción. Además, indicaron que junto con Repsol drenaron recursos de YPF mediante dividendos excesivos antes de la expropiación.
Los abogados remarcaron que cualquier controversia sobre el estatuto de YPF debía resolverse bajo ley argentina y en tribunales locales, pero los demandantes optaron por litigar en EE.UU. años después.
“La sentencia pretendió aplicar el derecho argentino, pero llegó a conclusiones que ningún tribunal argentino ha sostenido ni sostendría”, afirmaron.
También apuntaron contra Burford Capital, el fondo británico que financia el litigio, acusándolo de buscar una ganancia extraordinaria —hoy estimada en USD 18.000 millones con intereses— a partir de una controversia doméstica. Burford compró el reclamo por apenas 15 millones de euros.
Según la Procuración, el fondo busca “obstaculizar la normalización económica de la Argentina” y afectar su reputación internacional. “Su objetivo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima”, denunciaron.
Además, vincularon el caso con prácticas de gobiernos anteriores, en especial el de Cristina Fernández de Kirchner, donde —según indicaron— grupos empresariales se enriquecieron sin asumir riesgos ni rendir cuentas.
La Procuración destacó que bajo el gobierno de Javier Milei se ha desplegado una estrategia de defensa integral, coordinada entre Buenos Aires y Nueva York, para proteger los intereses jurídicos del país.
“La Argentina agradece el respaldo de varios Estados que presentaron escritos apoyando nuestra posición. Cada acción emprendida busca defender el interés nacional, proteger el patrimonio público y consolidar una Argentina jurídicamente previsible y económicamente estable”, concluyeron.
El Gobierno se mostró optimista en que la Corte de Apelaciones revertirá el fallo de Preska, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos regidos por otras jurisdicciones.