Estuvo también el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien confirmó que el nuevo presupuesto propone “un aumento del 17,6% que, con la inflación proyectada del 10%, muestra un aumento de casi 7 puntos”. Por otro lado, el secretario de Políticas Universitarias anunció que el gasto que el Gobierno nacional destinará a las casas de los altos estudios “va a llegar a los 4.8 billones de pesos”.
Foto: HCDN
En una ardua jornada de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron sobre el proyecto de presupuesto general para el ejercicio fiscal del 2026. Con la tensión generada entre los presentes, el funcionario que supervisa la gestión de la educación superior señaló que “es mentira que nosotros le recortamos los fondos a las universidades”.
Lejos de mostrarse dócil ante la mirada de los vocales de Unión por la Patria, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, Álvarez anunció que el gasto que el Gobierno nacional destinará a las casas de los altos estudios “va a llegar a los 4.8 billones de pesos representando un 14% del presupuesto proyectado en 2025 que va a cubrir todas las necesidades para funcionar”. En tal sentido, relató: “Tuve una charla con un dirigente sindical y le dije que los aumentos a los salarios van a salir de los ingresos impositivos que son de los que vamos a sacar posibles aumentos y no imprimiendo moneda”.
Sin ningún tipo de tapujo, relató, en tono irónico, que “la primera buena noticia que les traigo es que no se cerró ninguna universidad”; luego, mencionó que “el presidente del CIN estaba preocupado por la renuncia de profesores, pero les voy a contar que el sistema tiene 298.000 docentes, cuando comenzamos la gestión había 296.000 y el índice de rotación es del 2,3%”. “Por lo tanto, no hay éxodo de docentes en una crisis total”, manifestó.
El subsecretario de Políticas Universitarias afirmó que “es mentira que nosotros le recortamos los fondos a las universidades”.
También, manifestó que “se ha aprobado la incorporación del 100% de las demandas que tenían hace mucho tiempo, muchas gestiones de las universidades nacionales para completar los cargos no docentes”. “Se han aprobado todas las actualizaciones de planta no docente, por lo tanto, no hay ningún ajuste con despidos como la 'campaña sistemática del miedo' había instalado en su momento”, mencionó el funcionario del Ministerio de Capital Humano.
Confirmó, también, la insistencia de la gestión del Gobierno en “fortalecer carreras con vínculos al capital humano como la ingeniería del petróleo y el desarrollo de la Inteligencia Artificial”. Luego, habló de los episodios que suelen hacerse virales en redes sociales dentro de las facultades: “Vamos a seguir la postura para evitar la persecución política en los claustros universitarios porque no importa del partido que sea y la ideología que sea, voy a estar defendiéndolos si una autoridad o alguien ejerce una violencia política sobre ellos”.
Finalmente, el funcionario de gestión universitaria explicó que “hemos reorganizado el SIU para tener unificadas todas las estadísticas educativas”, y se tomó las molestias de reiterar lo que consideró como una “permanente campaña del miedo desestabilizadora, que estos dos meses fueron lo más terrible que vi en mi vida”. Cerró, en ese punto, que “el objetivo es generar graduados manteniendo la calidad que nuestro sistema universitario tiene y que el índice verdadero sea el de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) para medir la calidad de una universidad”.
Al momento de las preguntas, los bloques de la oposición fueron por la ley insistida por el Congreso que el Gobierno nacional promulgó, pero suspendió la aplicación: la Ley de Financiamiento Universitario. Ante los cuestionamientos, Alejandro Álvarez respondió: “Nosotros no íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una ley que no tuviera perfectamente claro cuál era su fuente de financiamiento”.
Trajo a colación la Ley 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional y recordó que en el artículo 5 de esa “vieja” ley establece que las nuevas normas “deberán prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
“No tenemos respaldo legal para financiar esa ley y, ni ustedes ni nosotros quisieran ser acusados de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos”, cargó Alejandro Álvarez quien parangonó -en tono irónico, una vez más- con una de las leyes de la física: “Por más que el Parlamento vote por la derogación de la ‘Ley de Gravedad’, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”.
Con uno tono menos confrontativo, Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, afirmó que la iniciativa plantea “un aumento del 17,6% que, con la inflación proyectada del 10%, muestra un aumento de casi 7 puntos”. Tuvo tiempo, además, de recordar una frase de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa del 2012: “Parte de este problema que estamos tratando de superar, se explica por algo que ocurrió en el Congreso cuando la expresidenta dijo que ‘los docentes trabajan 4 horas sobre 8 horas con vacaciones de tres meses’”.
En otro tramo, anunció que el plan en educación busca “fortalecer alfabetización en escuelas primarias y las familias en la etapa de adolescencia”. En tal sentido, sostuvo que “el efecto de la libertad es el camino a una justicia verdadera y humanista”, y cuestionó que en otros períodos anteriores “creció el gasto público y al mismo nivel el gasto educativo porque se apostó por una política centralizada y discursiva”.
Carlos Torrendell afirmó que el Presupuesto 2026 prevé “un aumento del 17,6%" en el gasto educativo.
Luego, presentó los objetivos que el Gobierno nacional tiene en materia educativa en este proyecto de ley de Presupuesto 2026: “Tener el protagonismo de la sociedad y de los agentes educativos, no solo de las escuelas; una política educativa participativa y federal con responsabilidad primaria de las provincias; entender (pedagógicamente) a la riqueza; una política centrada en la mejora del aprendizaje que supere esa visión no concentrada; la profesionalización de los actores educativos; una gestión fuerte a través de datos y concepto de gasto inteligente; y una mirada de humanismo educativo”.
Por último, presentó los principales programas que el Poder Ejecutivo buscará llevar adelante: el plan nacional de alfabetización; plan nacional relacionado a la matemática; el programa argentino de innovación de la inteligencia artificial; la potenciación de trayectorias educativas; el programa de renovación de las escuelas secundarias; la renovación curricular que agrega la educación financiera; el mejoramiento de la articulación del mercado laboral; y la creación del sistema evaluación de la formación docente.
