Fue en el mismo día que se conocieron medidas por parte del Gobierno. Por otra parte, los diputados avanzaron con un conjunto de dictámenes.
Foto: HCDN
En el mismo día que se conoció que el Gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados debatió sobre el presupuesto proyectado por el Poder Ejecutivo para este área en 2026.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Belén Arcucci señaló que la Ley de Emergencia en Discapacidad -suspendida en su implementación- “establece un nuevo sistema de protección social”, sin embargo “no hay recursos en el Presupuesto 2026 para su implementación".
En tanto, el director de Monitoreo de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Javier Moro, cuestionó que el proyecto de ley “desvincula a las asignaciones familiares de la movilidad jubilatoria”, y añadió que “hay una merma en la proyección de pensiones”.
Por su parte, Matías Fernando Garate manifestó: "Sería más fácil, para nosotros, una reforma laboral para poder insertarnos al mercado del trabajo”. “Queremos que se piense en serio en los discapacitados y no cuando conviene políticamente”, pidió.
Además, expusieron Ermelinda Garbini, titular de la Dirección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo; Gabriela Troiano y Marcelo Belli, de REDI; Lucas Apollonio, influencer; Eduardo Maidana, del Foro Permanente de Discapacidad; y Claudio D'Ippolito, de la Asociación Angelito Déficit de L-Carnitina, entre otros.
En un turno anterior, la comisión presidida por Daniel Arroyo (UP) se abocó a tratar un temario de proyectos, entre ellos uno con media sanción del Senado por el cual se modifica el artículo 1 de la Ley 26.279 del Programa nacional de prevención de discapacidades en el recién nacido, con el objetivo de incorporar la Atrofia Muscular Espinal (AME) en la pesquisa neonatal. “La norma posibilita que muchos niños puedan tener vida, así como también, calidad de vida”, resaltó Arroyo.
Al respecto, Eduardo Valdés señaló sobre el proyecto para modificar la Ley 26279 e incorporar la Atrofia Muscular Espinal en la pesquisa neonatal que “el proyecto para incorporar la Atrofia Muscular Espinal en la pesquisa neonatal tiene como autora a la senadora por la UCR Edith Terenzi. Esta iniciativa fue impulsada por la asociación civil sin fines de lucro, Familias AME Argentina".
“La ley 26.279 la cual se pretende modificar, prevé la detección de otras enfermedades congénitas en el recién nacido como la fenilcetonuria el hipertiroidismo congénito, la fibrosis quística, dicha detección que es obligatoria debe realizarse tanto en hospitales públicos como en privados”, agregó, planteando que “actualmente existen 3 tratamientos para la atrofia aprobados por la ANMAT y con pautas de coberturas y acceso por parte del Estado nacional. Profesionales de la salud especializados en atrofia muscular espinal en la pesquisa neonatal coinciden en que implantar una prueba en los recién nacidos para la detección de la atrofia muscular permitiría una identificación precoz de las personas portadoras de la enfermedad y un inicio del tratamiento previo de la presentación de sus síntomas modificándose el curso natural de la enfermedad”.
En otro sentido, María Luisa Chomiak (UP) se refirió al proyecto de su autoría por el cual se modifica el artículo 22 de la Ley de Protección Integral de las personas con discapacidad (22.431), en referencia a la gratuidad del transporte. "Es un derecho y una obligación que en los medios de transporte haya una visibilización de los asientos”, indicó.
A su turno, Esteban Paulón (EF) se expresó sobre la iniciativa que tiene por objeto la protección integral para personas con sordoceguera, con el fin de “reconocerla como una discapacidad única”. “Buscamos establecer un marco normativo para la protección, promoción y garantía de los derechos”, afirmó.
Respecto al proyecto que modifica el artículo 8 de la Ley 22.431, a fin de establecer un cupo laboral para personas con discapacidad y “ampliar la inclusión laboral al ámbito de las empresas privadas que cuenten con beneficios impositivos, subsidios o regímenes promocionales otorgados por el Estado nacional”, la diputada Carla Carrizo (DpS) apuntó: “Me parece bien exigir a los privados, pero qué le exigimos si el Estado no la cumple. Salvo en algunos casos como en el Congreso que sí se hace”.
En el encuentro también se analizaron proyectos por los cuales se dispone la elaboración y distribución de una cartilla de derechos de las personas con discapacidad; la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal; la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez laboral; y distintos proyectos de resolución y declaración.