El diputado nacional impulsa un texto integral que reemplaza la ley vigente desde los años noventa. La iniciativa propone un cambio de paradigma en materia de derechos, crea un fondo fiduciario exclusivo y una asignación universal, y busca eliminar intermediarios en el acceso a los apoyos.
El diputado nacional Ricardo López Murphy presentó en la Cámara baja el proyecto “Ley Marco de Garantía y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad”, un texto de más de 80 artículos que propone actualizar y unificar la legislación vigente para adaptarla a los estándares internacionales de derechos humanos, en línea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proyecto reemplaza la actual Ley 24.901, vigente desde 1997, y se asienta en el modelo social de la discapacidad, que pone el acento en la eliminación de barreras físicas, comunicacionales y culturales, y no en las limitaciones individuales. “El objetivo es promover y asegurar el ejercicio efectivo, permanente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”, sostiene el texto.
Entre sus principales innovaciones se destaca la creación del Fondo Único de Discapacidad, un fideicomiso administrado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que reunirá recursos públicos y privados para financiar prestaciones de salud, apoyos, transporte, educación, vivienda y trabajo. El fondo —subraya el proyecto— no podrá ser disminuido ni reorientado por decisiones administrativas, y deberá asegurar el pago directo a personas con discapacidad y prestadores, evitando la intermediación.
Otro eje central es la creación del Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDA), que reemplazará al actual CUD. Este nuevo instrumento acreditará la discapacidad en todo el territorio nacional y permitirá acceder a los apoyos y beneficios previstos en la ley con un criterio más dinámico y multidimensional.
El texto también instituye una Asignación Universal por Discapacidad (AUD), una prestación mensual no contributiva, gestionada por la ANDIS, destinada a todas las personas con discapacidad, independientemente de su situación laboral. Las pensiones no contributivas vigentes se convertirán de oficio en esta nueva asignación.
El proyecto incluye capítulos específicos sobre educación inclusiva, trabajo y empleo, vida independiente, acceso a la justicia y accesibilidad universal. En materia laboral, fija un cupo mínimo del 4% para personas con discapacidad en los tres poderes del Estado y empresas concesionarias, y extiende incentivos fiscales a empleadores privados que contraten personas con discapacidad.
Asimismo, establece la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad y derechos humanos para todos los agentes públicos, al estilo de las leyes Micaela y Yolanda, y ordena la creación de un Consejo Federal y un Consejo Consultivo de Discapacidad para articular políticas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
En sus fundamentos, López Murphy señala que el propósito es “dotar a la Argentina de una ley moderna, eficaz y transversal” que garantice la igualdad de oportunidades y elimine las barreras estructurales que aún impiden la inclusión plena.
“La discapacidad no está en las personas, sino en las condiciones del entorno que les impiden ejercer sus derechos en igualdad”, sostiene el texto, que plantea también un sistema de ajustes razonables, diseño universal en obras públicas, gratuidad en el transporte, accesibilidad comunicacional, y la inclusión de personas con discapacidad en la vida política y partidaria.
Con esta iniciativa, el legislador busca abrir el debate sobre una reforma integral y federal del sistema de discapacidad, que involucre a todos los niveles del Estado y que, a diferencia de las políticas fragmentadas actuales, establezca una arquitectura institucional unificada, con financiamiento garantizado y control público.
