La confederación que agrupa a las estaciones de servicio del país rechazó una iniciativa legislativa que obliga a informar aumentos con 72 horas de anticipación y publicarlos con 48. Alertan por efectos negativos en el abastecimiento, la operatoria diaria y la competencia.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) expresó su “firme rechazo” al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que busca imponer a las estaciones de servicio la obligación de informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles, y de publicarlos con al menos 48 horas de antelación.
La iniciativa, impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), ya cuenta con dictamen de mayoría en la Comisión de Servicios Públicos y será tratada próximamente en la Comisión de Legislación General, con posibilidades de llegar al recinto en las próximas semanas.
Desde CECHA advirtieron que la medida podría tener consecuencias negativas para el normal funcionamiento del sector. Entre los principales argumentos esgrimidos, señalaron el riesgo de desabastecimiento que podría generar la publicidad anticipada de aumentos, al provocar picos de demanda artificiales que derivarían en quiebres de stock.
También alertaron sobre la confusión operativa y legal que implicaría exhibir precios futuros, en contradicción con la normativa vigente que exige mostrar los valores actuales. Además, remarcaron que muchas petroleras aplican esquemas dinámicos de precios, con ajustes a lo largo del día, lo que sería inviable bajo el régimen propuesto.
Por último, CECHA cuestionó la duplicación normativa que implicaría la ley, al superponerse con regulaciones nacionales ya existentes que garantizan la protección al consumidor y la transparencia en el mercado.
La entidad reafirmó su compromiso con el funcionamiento ordenado del mercado de combustibles y llamó a los legisladores bonaerenses a “reconsiderar los impactos negativos que esta ley podría tener sobre la actividad y la población”.