El proyecto busca incorporar al Código Penal un artículo que garantice que llevar dinero en efectivo por el territorio nacional no implique presunción de ilícito, salvo que existan pruebas objetivas. La iniciativa surge ante la inflación y las dificultades cotidianas para operar con billetes.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que apunta a modificar el Código Penal Argentino para evitar que el simple traslado de dinero en efectivo sea considerado indicio de delito. La propuesta incorpora el artículo 304 bis, que establece que la tenencia o traslado de efectivo por montos inferiores a 50 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) no podrá ser motivo de sospecha ni requerirá acreditar el origen lícito de los fondos, salvo que existan elementos objetivos que indiquen la comisión de un ilícito.
En caso de superar ese límite, la autoridad competente podrá solicitar documentación que pruebe la licitud del dinero, pero solo si hay indicios concretos. El secuestro de fondos quedará restringido a situaciones donde se cumplan esas condiciones.
Agost Carreño argumenta que la iniciativa responde a la realidad económica argentina, marcada por una inflación acumulada del 7.652% entre 2017 y 2025, que pulverizó el poder adquisitivo de los billetes. “Hoy, el billete de mayor denominación apenas alcanza para comprar dos kilos de carne o diez litros de leche”, señala el legislador, quien advierte que esta situación obliga a los ciudadanos a trasladar grandes cantidades de billetes para operaciones cotidianas.
El diputado también cuestiona la vigencia de normas como la Ley 25.345, que exige bancarizar operaciones superiores a mil pesos, monto que no se actualizó pese al contexto inflacionario. “Esto genera problemas para la vida diaria y expone a ciudadanos comunes a imputaciones por lavado de activos o evasión tributaria”, subraya.
Casos judiciales y antecedentes
El proyecto cita fallos como el de la Cámara de Casación Penal en la causa “Plehm”, donde se cuestionó el secuestro de dinero sin indicios previos de delito. Además, especialistas en derecho penal sostienen que la mera posesión de efectivo no configura ilícito y que exigir demostrar su origen sin causa concreta vulnera principios legales.
La propuesta busca dar certeza jurídica tanto a ciudadanos como a fuerzas de seguridad y magistrados, estableciendo un criterio claro: trasladar dinero no es delito per se. “Se trata de garantizar derechos y evitar excesos, sin limitar las facultades para investigar operaciones sospechosas”, concluye Agost Carreño.