El senador Francisco Paoltroni denunció en Comodoro Py una red de mataderos clandestinos en municipios de Formosa. Señaló que el gobierno de Gildo Insfrán los habría permitido, afectando la salud pública, la economía ganadera y el bienestar animal.
El senador nacional Francisco Paoltroni denunció en Comodoro Py la existencia de mataderos clandestinos en diferentes municipios de la provincia de Formosa. Según el legislador, las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Gildo Insfrán, “permitieron y encubrieron” estas prácticas.
De regreso en el oficialismo, el senador planteó que “Formosa tiene una de las tasas de tuberculosis más altas del país y la mayor mortalidad por tuberculosis de Argentina”. Antes había expresado que se trata de “un caso más de corrupción y atentado contra la salud pública, maltrato animal y evasión de impuestos”.
Según la denuncia, en diversas localidades del interior de Formosa —entre ellas Pirane, Palo Santo, Laguna Yema, Misión Tacaaglé, El Espinillo, General Manuel Belgrano, El Colorado, Villa 213, Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, General Lucio Mansilla y Laguna Naick Neck— se detectó el funcionamiento de mataderos y colgaderos no habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Paoltroni mencionó que estas instalaciones operaban “sin controles sanitarios”, lo que ponía en riesgo la salud pública al no garantizar la inocuidad de los alimentos.
Los mataderos ilegales, además de carecer de habilitación oficial, habrían sido escenario de maltrato animal, con prácticas que generaban sufrimiento y estrés en los animales. Según la denuncia, estas actividades se desarrollaban con la connivencia de intendentes, jefes comunales y autoridades policiales locales, quienes permitían la faena a cambio de beneficios económicos, incurriendo en presuntas violaciones al artículo 248 del Código Penal.
Además del impacto sanitario y fiscal, la denuncia adviertió que estos establecimientos afectaban la economía ganadera de la provincia. La proliferación de faena ilegal habría favorecido el delito de abigeato y distorsionado el mercado cárnico local, perjudicando a productores que operaban dentro del marco legal.
El modus operandi descrito señaló que los municipios establecieron tasas o permisos de faena, por los cuales cobraban un porcentaje. Una vez abonado el monto, se autorizaba la faena en los mataderos ilegales, previa verificación policial de la marca y señal de los animales. Este circuito habría generado un flujo económico de gran magnitud, a costa de vulnerar la sanidad animal, los estándares internacionales y la salud de la población.