La diputada Micaela Morán (UP) presentó una iniciativa que fija plazos para contestar solicitudes de información y comparecer ante el Parlamento. Incluye sanciones económicas y penas de prisión para quienes incumplan.
Ante las reiteradas ausencias de funcionarios de esta gestión a citaciones de parte de la oposición, la diputada nacional Micaela Morán (Unión por la Patria) impulsa un proyecto de ley que busca regular el procedimiento para la contestación de pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y la presencia de ministros en el Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional en sus artículos 71 y 100 inciso 11.
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo deberá responder por escrito en un plazo máximo de 30 días hábiles y de manera “precisa y completa” los requerimientos aprobados por las Cámaras. Además, los ministros y autoridades de organismos estatales estarán obligados a concurrir cuando sean citados para brindar informes verbales, ya sea en sesiones, comisiones o plenarios.
El proyecto fija sanciones para los incumplimientos: descuento del 20% del salario para funcionarios que obstaculicen el procedimiento y, en casos reiterados, la consideración de falta grave. También incorpora al Código Penal el artículo 249 bis, que prevé penas de prisión de dos meses a dos años e inhabilitación especial para quienes omitan responder tras reiteración del requerimiento.
Morán fundamenta la iniciativa en la necesidad de fortalecer el control parlamentario sobre la gestión del Ejecutivo y garantizar un flujo de información “completo y de calidad” para robustecer las instituciones democráticas. La propuesta se inspira en normas similares vigentes en provincias como Chaco y Tierra del Fuego.