Durante la primera mitad de su mandato, el presidente Javier Milei manejó el Presupuesto Nacional con el nivel más alto de discrecionalidad que un gobierno democrático lo haya administrado desde 1983.

Según estimaciones de nuestro Instituto Consenso Federal, con ese margen de decisión Milei ajustó en 65.000 millones de dólares la ejecución presupuestaria, entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.

Es que, por dos años consecutivos, el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto de 2023 y, en ese lapso, ya aprobó 18 modificaciones presupuestarias, adoptándolas mediante Decisiones Administrativas o través de Decretos de Necesidad y Urgencia.

Ese mecanismo le permitió al ministro Toto Caputo y a la tecnocracia libertaria ajustar todas las partidas presupuestarias en términos reales y desfinanciar groseramente algunos compromisos fundamentales, como es el caso de las transferencias de recursos nacionales a las provincias, las que -sólo en 2024- se redujeron 75,6% en términos reales.

Peor aún, la ejecución de los gastos de capital, principalmente destinados a obras de infraestructura en todo el país, cayó 73,9% en 2024 y, sobre ese histórico derrumbe, ya lleva 32,3% de baja acumulada en lo que va de 2025, siempre en términos reales.

Se trata de datos oficiales, basados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) que administra el propio Poder Ejecutivo Nacional, periódicamente analizado con rigurosidad por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Semejante libertad en el margen de maniobra para ir redibujando un Presupuesto de ajuste casi todos los meses, sin tener que someterse a las decisiones al Congreso, es ya un componente esencial del método de gobierno libertario. No se trata de un "desvío"; es una práctica consolidada.

Que quede bien claro: Milei no ha tenido presupuestos por ley porque no ha querido. En cambio, decidió aprovechar al máximo las concesiones que se autoasignó al prorrogar los presupuestos anuales con que navegó durante la primera mitad de su mandato.

Llegado diciembre, se supone que el Poder Ejecutivo está ahora inclinado a debatir el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado al Congreso, que proyecta un gasto total de 148 billones de pesos, con un superávit fiscal primario anual de 1,5% del PBI.

Se dice que muchos gobernadores ya están decididos a "presionar" o "negociar" la incorporación de recursos para sus provincias. Y sobre la base de ese supuesto escenario, muchos aseguran que el gobierno tendrá que ceder para aprobar la Ley de Presupuesto anual.

La pregunta que cabe es ¿por qué? No hay un solo argumento que indique, con fundamento, por qué razón ahora el Gobierno nacional daría un vuelco esencial y se dispondría a negociar un Presupuesto.

Algunas explicaciones al respecto se han venido ensayando, aunque todas resultan poco sustanciales.

Se ha dicho que el Gobierno nacional necesita negociar con los gobernadores y, por añadidura, acordar un presupuesto, por una cuestión de "gobernabilidad".

Se trata de un razonamiento viejo; caduco. Ese era el escenario hipotético que algunos habían construido antes de la elección legislativa, creyendo que Milei perdería, para terminar ofreciéndose ellos como los "salvadores".

La realidad de hoy es otra. El "salvavidas" que, por ejemplo, imaginaron los creadores de Provincias Unidas, se hundió antes de ser inflado. La Libertad Avanza dejó tercero a Maximiliano Pullaro en Santa Fe y le sacó 14 puntos de ventaja al tándem Schiaretti - Llaryora en Córdoba.

¿Por qué extraña razón ahora los gobernadores de Córdoba y Santa Fe creen que Milei entregará a esas dos provincias los fondos que sistemáticamente les quitó y negó durante dos años? Nadie está dando una respuesta razonable.

También se ha sostenido que el Gobierno tendrá que aprobar un Presupuesto en el Congreso porque así lo estarían exigiendo Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

Ni el último de los inocentes creería que la administración Trump, campeona del dislate institucional, esté seriamente ocupada en empujar al Gobierno argentino a implementar prácticas internas de buen gobierno con calidad institucional, menos aún en materia presupuestaria.

En todo caso, apuntarían a sus intereses relevantes, como las normas sobre patentes o la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, que por algo asoma como un asunto prioritario en el temario que se impuso para el llamado a sesiones extraordinarias.

Y el FMI, se sabe, en asuntos de carácter institucional es preciso y algo ampuloso para reiterar, pero termina siendo concesivo, especialmente cuando se trata de gobiernos adictos a la primacía de las finanzas, como el argentino.

En este contexto, hay que preguntarse: ¿puede Milei volver a prorrogar el Presupuesto Nacional?

Ya se sabe que en términos formales no tendría limitaciones legales para hacerlo.

La Ley de Administración Financiera (N° 24.156) ofrece un hueco. En su artículo 27, la norma establece que "si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior". No el que se aprobó el año anterior, sino "el que estuvo en vigencia".

Eso le permitiría a Milei, decreto mediante, seguir gobernando con el Presupuesto 2023, más las ampliaciones incorporadas hasta el cierre del ejercicio 2025.

Distinto sería si la ley estableciera que "si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, sólo por un ejercicio anual consecutivo regirá el que estuvo en vigencia el año anterior". Pero hasta tanto no se animen a reformarla, la ley dice lo que dice.

Entonces, el interrogante debería ir más allá de lo formal: ¿hay cierta probabilidad de que Milei prefiera prorrogar nuevamente el Presupuesto, en lugar de aprobarlo por ley del Congreso? Sí, la hay.

Milei evaluará cuánto le cuesta la eventual negociación. Si los parámetros presupuestarios y la posición política del gobierno se alteran, entonces no tardarán en reaparecer las acusaciones oficialistas hacia los supuestos "degenerados fiscales", para terminar reprogramando el Presupuesto por decreto, por tercer año consecutivo.

Hay quienes se ilusionan con llevarle al Gobierno alternativas que no pongan en riesgo el superávit, pero quitan y sacan partidas. La inocencia les hace creer que a Milei le da todo lo mismo, con tal de que cierre el número. Pero Milei es un decisor ideológico, no un decisor racional.

El gobierno libertario está cebado. Aprendió a administrar el Presupuesto con decisiones del Ejecutivo, sin el Congreso.

Saben que una nueva prórroga les permitiría ajustar todas las partidas sin excepción, para luego ir actualizándolas por goteo, en los casos que se requiera y en las exactas magnitudes que la política o las necesidades impostergables lo indiquen.

Han experimentado, además, que manejar por el mango la sartén del Presupuesto les permite mantener diálogos y eventuales compromisos bilaterales con cada una de las provincias, desalentando reclamos colectivos o concesiones de carácter general, como las que naturalmente surgirían del tratamiento parlamentario.

Por eso, en contra de todo lo que se dice, se anuncia y se escribe al respecto, no hay que descartar que -una vez más- Milei decida prorrogar por decreto el Presupuesto Nacional.

Alejandro "Topo" Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal