En el cierre del ciclo lectivo 2025, la educación argentina enfrenta su momento más crítico: recortes históricos, programas desmantelados y universidades al borde del colapso ponen en riesgo un derecho constitucional que costó décadas construir. Ante el intento de desfinanciar y fragmentar el sistema público, se impone un llamado urgente a defender la Ley de Educación Nacional y el futuro común.
Está finalizando el ciclo lectivo 2025. Las escuelas se preparan para despedir a sus egresados y egresadas; las familias reciben carpetas cargadas de trabajos y aprendizajes; maestras, maestros y profes ordenan materiales, cierran notas y planifican lo que vendrá. En cada una de las más de 60 mil escuelas de nuestro país se repite esta escena cotidiana de compromiso y presencia pedagógica. Allí, donde transitan 11 millones de estudiantes, se pone en acto el derecho a la Educación que el estado tiene la obligación de garantizar: derecho humano que respalda la Constitución y los tratados internacionales suscriptos por Argentina.
Sin embargo, este cierre de año llega atravesado por un deterioro deliberado y profundo de la política educativa nacional. La ejecución semestral acumulada de la Secretaría de Educación de la Nación muestra una caída de 47,6 puntos reales respecto del mismo período de 2023. Todo ello en el marco de un presupuesto prorrogado, administrado con discrecionalidad y sin debate parlamentario, ya que en 2024 y 2025 el gobierno decidió no tratar el proyecto de presupuesto en el Congreso.
Los últimos dos años estuvieron marcados por la desinversión. Este ajuste extremo tuvo consecuencias directas: incumplimiento de la paritaria nacional docente, cierre de programas como Conectar Igualdad, desaparicion del FONID, cero obras de infraestructura escolar y construcción de jardines de infantes, entre otras. Al mismo tiempo los ingresos docentes se encuentran en un piso histórico, con salarios equivalentes a valores previos a 2005.
Estas medidas fueron justificadas trasladándole toda la responsabilidad a las provincias en vista de un supuesto “federalismo”, cuando en realidad significaron incumplimiento de leyes y fragmentar el sistema educativo nacional, debilitando su capacidad de garantizar igualdad, inclusión y calidad en todo el territorio.
Los golpes más duros recayendo sobre quienes más necesitan del acompañamiento del estado: las y los jóvenes que buscan sostener su escolaridad o iniciar estudios superiores.
Las becas Progresar, reguladas por la Ley 27.726, sufrieron un recorte dramático: en el cuarto trimestre de 2024 sus recursos disminuyeron 27,3%, se perdieron 500.000 becas en un año, el monto permaneció congelado mientras la inflación crecía 236% interanual; el aumento a $35.000 llegó tarde y fue insuficiente. En 2025 no hubo nuevos incrementos y se redujo nuevamente el universo de becarios. Este ajuste no solo afecta a los bolsillos: afecta proyectos de vida, trayectorias educativas y oportunidades que tardan años —a veces generaciones— en consolidarse.
Las universidades nacionales, donde estudian casi 2.011.498 millones de estudiantes, están en serio riesgo. El gobierno incumple con la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y otras normas vigentes, mientras el poder judicial mira para otro lado. El presupuesto asignado es insuficiente incluso para cubrir servicios esenciales, mientras que los salarios docentes y no docentes cayeron entre un 25% y un 30%. Más de 10.000 docentes universitarios dejaron sus cargos por falta de condiciones mínimas para sostener su subsistencia. Se trata de profesionales en cuya formación el Estado invirtió y que hoy se ven expulsados por decisiones erráticas.
Un proyecto para retroceder décadas
El Presupuesto 2026 profundiza este rumbo: el Poder Ejecutivo Nacional propone derogar los artículos que establecen metas de inversión educativa, incluidas las obligaciones de destinar el 6% del PBI a educación y el financiamiento de la Educación Técnico Profesional (artículo 52° de la Ley 26.206). Es decir, este gobierno renuncia explícitamente a su responsabilidad constitucional.
A esto se suma la circulación —sin autoría clara ni validación oficial— del presunto proyecto “Libertad Educativa”, asociado al Secretario de Educación Carlos Torrendell y al CEO de Techint, Paolo Rocca. Más allá de su indefinición formal, su contenido apunta a borrar responsabilidades legales del estado, y debilitar a la escuela publica como institución que sostiene comunidad, ciudadanía y democracia.
La defensa de la Ley de Educación Nacional
A fin de avanzar sin límites en ese cometido el gobierno necesita eliminar la Ley de Educación Nacional (26.206). Es necesario recordar que esta ley fue fruto de un debate amplio, federal y democrático impulsado por el presidente Néstor Kirchner. Miles de ciudadanos/as participaron con pasión y compromiso para expresar sus expectativas y definir un horizonte educativo común.
Las apoyaturas y las definiciones que hacen al núcleo “duro” de esta ley son: la concepción de la educación como un bien público, y como un derecho personal y social que el estado debe garantizar; la posibilidad de pensar un ideal de nación integrada, y de concretar efectivamente los principios de igualdad y de justicia y mayor responsabilidad del gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales respecto de logros, de sus resultados y de su financiamiento. Este núcleo duro es el que busca destruir el neoliberalismo, y como condición necesaria debilitar a las escuelas y al rol de los docentes. En ese marco se explica el empoderamiento a las familias o a cualquier particular interesado en beneficiarse con el negocio que puede representar la mercantilización de la educación. Se empuja al sistema educativo, una vez resquebrajado, y a sus actores al abismo de la desigualdad educativa.
El sistema educativo argentino necesita transformaciones, como toda institución viva. Pero eso sólo es sostenible si se legitima con las leyes vigentes, producto de consensos democráticos con la participación de las escuelas, docentes y estudiantes con sus organizaciones, las comunidades y familias, siempre con un financiamiento adecuado y estable.
El proyecto educativo que la Argentina necesita debe ser soberano, inclusivo y capaz de enfrentar las nuevas realidades tecnológicas, productivas y sociales. Debe sostener y formar a sus docentes. Debe ampliar derechos, no restringirlos.
Por eso, frente al intento del gobierno de dinamitar el sistema educativo público, es urgente levantar la voz y aunar compromiso. No aceptamos que la Argentina retroceda a tiempos anteriores a la Ley 1420. No se lo merecen los millones de estudiantes y docentes que día a día se esfuerzan, enseñan y aprenden en nuestras instituciones educativas, ni las familias que sostienen y acompañan ese desafío.
La educación pública argentina es identidad y conquista histórica. La educación publica argentina es también, la base necesaria del proyecto de país justo y democrático que nos merecemos, esa utopía que está en construcción y tensión permanente y a la que no renunciaremos jamás.
Defenderla es defender presente y futuro común.
Blanca Osuna es diputada nacional de Unión por la Patria