La iniciativa busca garantizar el derecho constitucional de enseñar y aprender, reconoce el rol preferente de las familias y promueve la diversidad de proyectos pedagógicos. Incluye nuevas reglas para la educación básica, formas alternativas de enseñanza y un sistema de financiamiento equitativo.
El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de Ley de Libertad Educativa, que redefine el sistema nacional de educación sobre principios de libertad, justicia y pluralismo. Se trata de otra de las propuestas del Consejo de Mayo: deroga la Ley de Educación Nacional y establece un marco que otorga mayor autonomía a las instituciones, reconoce la educación en el hogar y en entornos virtuales, y garantiza igualdad jurídica entre escuelas estatales y privadas.
La iniciativa que enviará el Gobierno al Parlamento plantea un cambio profundo en la organización del sistema educativo argentino. El proyecto consagra la libertad educativa como derecho fundamental, reconoce el rol preferente de las familias en la formación de sus hijos y establece que el Estado actúe como garante del acceso y la permanencia, sin sustituir la responsabilidad individual ni la iniciativa social.
Entre los puntos centrales, la ley define un Sistema Nacional de Educación basado en la autonomía institucional y la diversidad pedagógica, asegurando igualdad de trato entre instituciones estatales y privadas. Se garantiza la gratuidad en las escuelas públicas y se prevé financiamiento equitativo para todas las instituciones, mediante criterios centrados en el estudiante.
La propuesta también incorpora formas alternativas de enseñanza, como la educación en el hogar y en entornos virtuales, con mecanismos de acreditación basados en evaluaciones estandarizadas. Además, establece contenidos mínimos comunes para todo el país, respetando la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) como herramienta voluntaria para medir aprendizajes al finalizar la escolaridad obligatoria.
En materia docente, la ley introduce una nueva carrera profesional basada en mérito, formación continua y evaluación periódica, y crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente. También fija principios para el financiamiento educativo, incluyendo aportes regulares a instituciones privadas y dispositivos como vales o becas para garantizar la libre elección de escuela.
Con esta norma, el Gobierno busca modernizar el sistema educativo, ampliar la libertad de elección y reducir desigualdades, en un contexto de debate sobre la calidad y la equidad en la educación argentina.