Desde hace aproximadamente un mes y medio, cuando el Gobierno nacional superó la prueba electoral de medio término, los trabajadores escuchamos, cada vez más seguido y cada vez más fuerte, versiones de reforma laboral.

No es bueno prejuzgar mientras no se conozca el texto, pero tampoco podemos pecar de ingenuos. Los antecedentes de este gobierno y, sobre todo, sus verdaderos mandantes, nos invitan a pensar mal o peor.

En una Argentina en la que la creciente falta de trabajo no es un error sino un objetivo central del modelo económico antiindustrial, reprimarizador y extractivista, la reforma no viene a crear trabajo sino a abaratar el costo del despido, es decir, a atender la necesidad más urgente de los empresarios que quieren convertirse en importadores o bajar la cortina del todo.

De a poco, simétricamente, comienza a expresarse (y a desperezarse), el movimiento obrero organizado, conocedor de que su capacidad de movilización y presión ha modificado voluntades legislativas a lo largo de la historia. No todo, pero sí un sector importante. Esa reacción hace aún más llamativo el silencio de los otros… ¿Qué pasa con el resto, con los que todavía callan, los que dicen “hay que esperar” o directamente fingen demencia?.

La respuesta es sencilla. El gobierno no necesita muestras de apoyo, le alcanza con eso, con que los representantes de las víctimas se declaren prescindentes, miren para el costado. Claro que esas actitudes nunca son gratis, siempre hay alguna contraprestación. Quid pro quo.

Los que callan son, lisa y llanamente, los que tienen muertos en el placard. Los que cerraron el gremio por dentro y se tragaron la llave hace veinte, treinta o cuarenta años. Los que se autonomizaron de los laburantes que los eligieron delegados cuando ellos todavía viajaban en transporte público y veraneaban en el hotel del sindicato.

Son también, los que no estarían tranquilos yendo a una elección limpia, contra una lista de oposición, con representatividad de las bases. El gobierno sabe de esto y por eso se anticipó. El decreto 342 de este año lleva la firma del secretario de Trabajo, el ex Techint Julio Cordero, y establece fuertes limitaciones a la intervención del Ejecutivo en las elecciones sindicales.

Antes, bastaba con hacer una presentación allí. Ahora, ante una irregularidad electoral, un intento de proscribir a la oposición o de amañar un acta, se debe recurrir a la justicia ordinaria, a sabiendas que allí no somos todos iguales: los oficialismos siempre tienen más espalda y el tiempo suele jugar a favor del statu quo.

En ASIMRA está pasando eso ahora mismo, pero también en otros sindicatos. La lista que yo encabezaba, opositora a la de Luis García Ortiz, con quien muchas veces intenté en vano dialogar, fue impugnada por la junta electoral, basándose en una modificación estatutaria de 48 horas antes. No soy el único dirigente objeto de esta clase de maniobras.  El mismo escenario se replica en otros sindicatos y todo indica que no se puede hablar de casos aislados sino de una tendencia creciente.

El razonamiento es simple. El gobierno debe aprobar las reformas que le reclama el FMI, para ello necesita tantos sindicatos adictos o distraídos como le sea posible. La democracia sindical es la moneda de cambio, el precio del silencio.