Cuando en esta columna -hace tres semanas- dijimos que el gobierno podría tener una pax de 8 meses, hasta agosto del año próximo, marcamos tres condiciones necesarias. Una de ellas era que el oficialismo no cometiera “errores políticos (a los que ha sido bastante propenso cuando se sintió agrandado)”. Varios de los aspectos definidos para empujar la reforma laboral abren varios interrogantes, desde los formales -¿incluir temas impositivos y pretender arrancar por el Senado?- hasta políticos.

La agenda la maneja la gestión libertaria con comodidad, por lo tanto, la responsabilidad de que todo vaya bien -después de semejante triunfo electoral el 26-O- está de su lado. Si llegase a suceder algún contratiempo notable, la responsabilidad será propia. Será muy interesante como banco de pruebas de cómo funcionan el Javo, su entorno más próximo y sus soldados legislativos, empezando por Patricia, quien nunca fue senadora.

El primer punto es que la administración libertaria decidió mandar una ley de máxima, al estilo la Ley Ómnibus que fracasó a principios de 2024, precisamente por ser igual de ambiciosa. Eso implica multiplicar los frentes de batalla, ergo deberá enfrentar más conflictos y más lobbies jugando en contra. Todo eso conspira contra la aspiración de tener media sanción antes de fin de año (lo cual suena a creer en Papá Noel). Desde el oficialismo podrían contrargumentar que ahora son mucho más potentes legislativamente y que, post elección, tienen una maravillosa capacidad de seducción. Ambas cosas son verdad, pero en la cámara alta están más lejos que en Diputados de lograr una mayoría absoluta, lo cual hace pensar que los actores colaboracionistas subirán el precio de sus acciones. El tiempo juega a favor de estos últimos -PRO, radicales, provinciales- quienes no tienen ningún incentivo para acelerar el trámite, mientras todo el mundo está brindando y comiendo pan dulce.

El segundo punto es de índole financiero. Como ya lo venimos comentando aquí como un dato político central, la mayoría de las provincias terminan 2025 en rojo, en parte por el gasto electoral, pero también porque se vienen cayendo las transferencias desde la nación en los últimos meses. El efecto-cascada ya está complicando a muchos municipios para pagar aguinaldos. Si además esta nueva ley ómnibus le permite quitar impuestos a grandes jugadores económicos, afectando la recaudación del impuesto a las ganancias -que es coparticipable- que se embarren las negociaciones no tendría ningún misterio. Esto se vería agravado si, además, el gobierno quiere sancionar a las provincias y municipios que tengan déficit. La pregunta sería ¿déficit producido por más gastos o por caída de coparticipación?

El tercer ítem es comunicacional. Dado que el proyecto pegó muchas vueltas hasta último momento antes de ser enviado al Senado, está afectando los argumentos de venta desde LLA. La línea comunicacional luce un poco dispersa y con falta de contundencia. Casi como si hubieran renunciado a debatir mucho el tema públicamente. ¿Será una estrategia por si aparece un martes 13 que arruina la fiesta y mejor aprovechar que la gran mayoría de la sociedad ya está pensando en las celebraciones de fin de año y las vacaciones? ¿Cuánta expectativa les conviene generar? Al respecto, el especialista laboralista y asesor del proyecto Julián De Diego reconoció que no se debe esperar que haya una mayor contratación de empleados porque se apruebe la ley, porque para eso hace falta que haya reactivación económica. Perogrullo dixit.

El cuarto tópico son las desavenencias en la mesa política mileísta respecto a cómo encarar este tema. Los enemigos de ayer han coincidido en que el oficialismo estaría corriendo riesgos innecesarios con el enfoque elegido, y a Toto le preocupa que la fiesta salga cara. Y aquí las miradas van sobre la Pato.  Recordemos que fue ministra de trabajo de De la Rúa y protagonizó peleas furibundas con Hugo Moyano y el sindicalismo. Si logra aprobar este proyecto, más allá de cómo salga, se convertirá en heroína libertaria. Pero ¿y si algo sale mal? ¿A quién se le atribuirá la culpa políticamente? ¿Eso le cortará las piernas a ella para escalar hacia la jefatura de gobierno de la CABA, o a alguna instancia más ambiciosa? “Pero Fara, Patricia podrá pagar costos, pero el que más perdería con un traspié sería el propio presidente”. Es verdad, pero la política siempre mira un poco más allá, a veces irresponsablemente.

En definitiva ¿la reforma se aprobará en el Senado? Es probable, pero el punto es que el trámite no será ni rápido, ni fácil… y luego lo esperan en Diputados. Los astutos de la cámara baja observarán con detalle cómo se comporta el oficialismo ahora para ver dónde renguea el perro y tratar de extorsionarlo luego. Porque no olvidemos que la reforma le interesa sobre todo al gobierno y a algunos sectores empresariales. La mayoría social quiere más oportunidades laborales… con reforma o sin ella. Si los mercados oliesen dificultades, se mantendrían los interrogantes sobre la gobernabilidad, y el riesgo país no bajaría. Otra vez teléfono para Toto, sobre todo si sigue empecinado en no querer comprar reservas y financiar la cuenta capital con más deuda.

Mientras tanto, la inflación no baja del 2 %, la capacidad instalada de la industria fue la peor de los últimos 15 años, aumentan los cheques rechazados, la licitación de deuda de esta semana dejó un sabor agridulce, el sector pesquero dice que ellos también quieren baja de retenciones y nuestros “especuladores” farmers no están liquidando dólares de la cosecha gruesa como se esperaba (están reteniendo 7000 palos verdes; esperan un mejor dólar y piden un nuevo dólar-soja massista). Pobre Toto.

Trump puede ser cualquier cosa, pero es sincero: dijo que él apoyó al león y ganó. Que es como decirle que el mérito fue suyo. Es un poco más complejo, pero algo de razón tiene. En todo caso, el americano ya puso lo suyo. Ahora le toca poner lo propio a Milei. Juega con las blancas y le toca mover a él.