La sesión fue pedida para las 14. Será una sola sesión y no dos, como se había especulado, e incluirá el debate de Inocencia Fiscal y el compromiso para asegurar la sostenibilidad de finanzas públicas.
La Cámara de Diputados volverá a abrir las puertas de su recinto para realizar este miércoles la primera sesión extraordinaria, para tratar nada menos que la mitad de los proyectos que pidió el presidente Javier Milei para este verano.
El tema principal es el proyecto de Presupuesto 2026, y será entonces la primera vez que el Gobierno libertario habilita el debate de la ley de leyes, luego de haber prorrogado en dos oportunidades el Presupuesto 2023.
Además de la ley de leyes, en la sesión prevista para las 14 se tratarán también el proyecto de reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, también conocido como de Inocencia Fiscal; como así también el proyecto que establece un marco jurídico institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.
La sesión fue pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y es la primera vez después de 9 meses que el oficialismo pide una sesión especial, ya que la última fue el 19 de marzo, cuando se debatió el decreto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa fue la única sesión pedida en todo el período ordinario por La Libertad Avanza.
Ahora se debatirá el proyecto de Presupuesto 2026, que esperan tenga dictamen en la comisión que preside Bertie Benegas Lynch y que comenzará este martes al mediodía.
A continuación de ese debate, que se presume será bastante extenso, avanzarán con el debate del proyecto sobre reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, conocido como “inocencia fiscal”, que tendrá dictamen este martes en plenario convocado para las 15. Luego será el turno del proyecto presentado el 15 de septiembre pasado por el que se establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.
Este último proyecto fue presentado junto al Presupuesto 2026, y obliga a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la sanción de leyes con resultado financiero negativo. Si durante la ejecución se alteran los ingresos o egresos, el jefe de Gabinete deberá aplicar ajustes inmediatos, priorizando recortes en partidas no protegidas por ley, e informar al Congreso en un plazo de cinco días.
El proyecto también impone límites al Poder Legislativo: cualquier ley que implique nuevos gastos solo entrará en vigencia cuando las partidas correspondientes se incorporen al presupuesto del año siguiente, salvo que se establezca un financiamiento específico y suficiente. Además, obliga a que cada iniciativa parlamentaria que afecte recursos o aumente erogaciones venga acompañada de un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda.
En cuanto al proyecto de Inocencia Fiscal, propone cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.
Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.
El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.
Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.
Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.
La Ley de Leyes
El proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno nacional tiene como premisa el superávit fiscal y la disciplina presupuestaria: propone un escenario de equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%; y la inflación estimada para el presente año es de 24,5%, para 2027 5,9% y para 2028 3,7%.
Por otro lado, se estima que el tipo de cambio nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028. Así las cosas, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.
El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit de aproximadamente 2 billones. Y el 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.
Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.