La diputada presentó un proyecto de resolución que rechaza la inminente “Decisión Final de Inversión” del proyecto Sea Lion, impulsado por Rockhopper y Navitas, al considerar que constituye un acto unilateral que viola el derecho internacional, la legislación argentina y resoluciones de la ONU.
La diputada Marcela Pagano presentó un proyecto de resolución en el que solicita a la Cámara de Diputados expresar su “más enérgico rechazo” ante los anuncios vinculados a la denominada Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte, territorio marítimo cuya soberanía continúa en disputa entre Argentina y el Reino Unido.
El texto advierte que estas acciones constituyen actos unilaterales contrarios al derecho internacional, vulneran la normativa argentina vigente —incluida la Ley 26.659— y violan la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes a evitar modificaciones del statu quo mientras permanezca abierta la controversia de soberanía.
Pagano, miembro del ahora denominado bloque “País Federal”, sostiene que, según información aportada por Cancillería y por la Nota Nº 240/25 del secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, el proyecto Sea Lion marca por primera vez un avance real hacia una fase de explotación masiva de recursos naturales argentinos en territorios ocupados, lo que configura un punto crítico en el conflicto.
La legisladora solicita que el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, adopte medidas diplomáticas, administrativas y jurídicas inmediatas ante organismos multilaterales y ante los Estados de origen de las firmas involucradas, con el fin de frenar cualquier intento de consolidación del proyecto.
El proyecto también propone acompañar el pedido de convocatoria urgente del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, formulado por la Provincia de Tierra del Fuego, para coordinar acciones institucionales frente al agravamiento de la situación.
Pagano recuerda que la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y los espacios marítimos circundantes constituye una política de Estado indeclinable, respaldada por mandatos constitucionales y por la jurisprudencia internacional que prohíbe a los Estados adoptar medidas que agraven un conflicto mientras esté pendiente su resolución.
La diputada concluye que la gravedad del escenario exige una respuesta firme y coordinada, y pide a sus pares acompañar la resolución para “proteger los recursos naturales estratégicos del país” y evitar que avances unilaterales “dañen irreversiblemente la posición jurídica argentina”.