La normativa aprobada por los diputados tiene por objeto regular el uso de los teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en las aulas de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada del nivel secundario.
Avanza en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires una propuesta legislativa que busca establecer límites claros al uso de teléfonos móviles dentro de las aulas.
“La provincia de Buenos Aires, al igual que muchas otras jurisdicciones, se encuentra en un punto de inflexión, donde la necesidad de regular el uso de celulares se entrecruza con las demandas de una sociedad cada vez más conectada”, afirmó el diputado Martín Rozas, presidente de la bancada de Unión y Libertad y autor de la iniciativa.
Basada en diagnósticos contundentes de organismos como UNICEF y UNESCO, la iniciativa advierte que el uso excesivo de dispositivos no solo fragmenta la atención y reduce la capacidad de concentración de los estudiantes, sino que impide un aprendizaje profundo debido a la constante interferencia de las notificaciones digitales.
El diputado opositor dialoguista Martín Rozas, autor de la iniciativa para regular el uso del celular en las aulas del secundario.
La problemática trasciende lo estrictamente académico y se adentra en el terreno de la salud emocional y la seguridad.
El proyecto de ley impulsado por Rozas subraya que “la presencia desregulada de celulares” en clase facilita “conductas indeseadas como el ciberbullying, la difusión de rumores y la exposición a contenidos violentos que desensibilizan a los jóvenes”.
Al limitar el acceso a estos dispositivos, Rozas pretende “recuperar el aula como un espacio de interacción cara a cara, esencial para el desarrollo de la empatía, la resolución de conflictos y la socialización que el aislamiento tecnológico ha debilitado en los últimos años”.
Inspirada en experiencias exitosas de países como Francia, Noruega y Alemania, la propuesta no plantea una prohibición aislada, sino un modelo de responsabilidad compartida.
El texto, enfatiza que, para garantizar la continuidad pedagógica, los docentes deben contar con herramientas para integrar la tecnología de forma segura y sólida, mientras que las familias deben comprometerse a fijar límites en el hogar.
Con el objetivo de formar ciudadanos críticos y proteger su información personal frente a riesgos de hackeo, la medida será evaluada de forma constante por las autoridades para asegurar que el clima escolar de este 2025 sea el adecuado para el desarrollo integral de los alumnos.
Es el segundo proyecto de ley que se aprueba en la legislatura de la provincia de Buenos Aires sobre la cuestión, pues en el Senado se hizo lo propio con otro proyecto de ley que, aunque con diferencia, versaba sobre la misma cuestión. Ahora las iniciativas están “cruzadas”.