En trámite ultra veloz, el oficialismo, debutante en extraordinarias como primera minoría y robustecido en los números, consiguió dictamen del proyecto de ley sobre "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que busca implementar como norma el déficit cero y evitar la sanción de normas sin fuente de financiamiento.

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría (con disidencias) en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde también se despachó el Presupuesto 2026. Por contener cambios al Código Penal, la oposición reclamó fuertemente -pero sin éxito- que debía analizarse también en Legislación Penal.

Ambos temas, junto a "Inocencia Fiscal", que se firmó también en un plenario posterior, son los tres temas de una sesión que fue llamada para este miércoles a las 14 en la Cámara de Diputados, con la intención de girar rápidamente los temas económicos al Senado que, por su parte, comenzará el mismo día con el debate de la ambiciosa reforma laboral.

Desde Unión por la Patria, el diputado Itaí Hagman rechazó el proyecto al sostener que “el mayor ajuste de la historia” del cual se vanagloria el presidente Javier Milei "no sirvió para estabilizar ni para reparar los desequilibrios de la economía".

“Esta ley solo logra perpetuar esta lógica de ajuste permanente que hemos vivido en estos dos años”, consideró el economista, que habló de "una ley fiscal ridícula” que “no se aplica en ningún país del mundo”. “Es absolutamente rígida. Es totalmente procíclica. Obliga al Estado a ajustar en momentos de crisis económica”, cuestionó.

El dirigente cercano a Juan Grabois anunció que UP presentaría un dictamen alternativo. “Es una regla que se emparenta con la experiencia internacional, con lo que hacen la gran mayoría de los países del mundo. La regla fiscal que proponemos funciona como un fondo anticíclico que obliga al Estado a ahorrar en momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis”, explicó.

Además, Hagman acotó que el proyecto opositor incluye una regla para la sostenibilidad de la deuda externa, al plantear que “las crisis recurrentes” de Argentina no son por razones únicamente fiscales sino por desequilibrios de deuda.

La propuesta establece un límite al endeudamiento en moneda extranjera del Estado y del Banco Central y plazos mínimos para la entrada y salida de capitales.

Asimismo, incluye un plazo de permanencia para capitales especulativos, buscando reducir la volatilidad del mercado cambiario y estabilizar la economía.

La iniciativa redactada por Hagman incluye mecanismos de control por parte del Congreso y una cláusula de escape para eventos extraordinarios, asegurando la flexibilidad necesaria en situaciones críticas.

“La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica tal como estamos viendo y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable”, concluyó el legislador.

A su turno, la radical monobloquista Karina Banfi dijo: "En principio yo estoy de acuerdo en que haya una cultura de parte de este Congreso a que llevemos adelante proyectos y leyes ajustadas a tener un resultado financiero equilibrado". Sin embargo, observó que el texto "de compromiso tiene bastante poco" y "el articulado deja mucho que desear".

"Tiene artículos que son inconstitucionales", advirtió y, entre ellos, mencionó que "se entromete en funciones exclusivas del Congreso; trata de disciplinar desde el Poder Ejecutivo al Congreso". Tras varias críticas al texto, añadió que "es imposible que tratemos esto si no hay una modificación".

Más adelante, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que "este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional en cualquier universidad". "Detrás de un objetivo o un fin que muchos compartimos, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con lo que es la estabilidad monetaria o macroeconómica, se esconde o está de manera solapada un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, un verdadero texto que es irrazonable y totalmente desproporcionado con el objetivo que persigue", resaltó.

El "lilito" recordó que "el fallo de la Corte Suprema del 2002 con respecto a la ley de déficit cero la declaró inconstitucional por lo irrazonable y desproporcionado que se establecía con el fin de cumplir una meta". "No podemos establecer nulidades que están establecidas claramente en la Constitución Nacional, y no se puede violar el principio para la formación y sanción de leyes que están establecidas en la Constitución", insistió.

Ferraro expresó que "podemos hacer las cosas bien sin caer en un mamarracho jurídico constitucional, como el que estamos haciendo, porque hay una rigidez fiscal absoluta donde ustedes mismos están atando las manos ante decisiones que pueda tomar el Poder Ejecutivo". "Hay una delegación excesiva sin plazo establecido al jefe de Gabinete. Hay un condicionamiento a la función del Poder Legislativo. Se establecen nulidades de leyes en una ley particular, cuando claramente están establecidas las nulidades en la Constitución Nacional", enumeró.

La iniciativa, enviada por el Gobierno en septiembre pasado junto a la "ley de leyes", busca establecer que el Presupuesto "deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario". Asimismo, prohíbe "la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario".

Si durante la ejecución se alteran los ingresos o egresos, el jefe de Gabinete deberá aplicar ajustes inmediatos, priorizando recortes en partidas no protegidas por ley, e informar al Congreso en un plazo de cinco días.

Respecto a la "disciplina presupuestaria del Poder Legislativo", impone que "toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados en el Presupuesto comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente" en el mismo. En esa línea, obliga a que cada iniciativa parlamentaria que afecte recursos o aumente erogaciones venga acompañada de un "Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo", elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda.

"Ningún funcionario podrá asumir compromisos de pago ni ejecutar, autorizar, aumentar o modificar gastos que no se encuentren autorizados en la ley", reza otro de los artículos y prevé cambios en el Código Penal, de manera de introducir penas de uno a seis años de prisión para los funcionarios que autoricen o ejecuten gastos sin financiamiento respaldado.

También, se endurecen las sanciones contra funcionarios del Banco Central que habiliten o promuevan la emisión irregular de dinero, con penas que van de tres a diez años de cárcel. En todos los casos, las condenas se duplicarán si se demuestra un beneficio personal o de terceros.