El gobernador Axel Kicillof vetó en forma parcial el Presupuesto sancionado por la Legislatura para el año próximo en un aspecto clave de la transferencia de fondos que le tiene que girar el Ejecutivo para su funcionamiento, lo que desató una fuerte controversia jurídica y política.

Kicillof avanzó con un decreto -2947/2025- que establece observaciones sobre un artículo del presupuesto que cambió el modo en que hasta ahora se giraban los fondos: el Ejecutivo lo hacía a medida que tenía “disponibilidad”, pero con la nueva ley, la sancionada este año, se establecía un “mecanismo automático”.

Desató de esa manera un debate constitucional centrado en es factible que el Ejecutivo disponga el modo en que reparte los fondos con otro Poder del Estado, el Legislativo, al que en principio el artículo 94 de la Constitución bonaerense lo prohíbe.

“La Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo”, indica ese artículo.

Pero el Ejecutivo, en una extensa argumentación legal incluida en el decreto, indicó que la nueva forma de transferencia amenazaba con desarticular el sistema de cuenta única del Tesoro y además generaba un trato diferencial para la Cámara de Diputados respecto de otros poderes del Estado, incluso el Senado.

Más allá de las explicaciones contendidas en el decreto, en la Legislatura circulaba una versión que ligaba la decisión del Ejecutivo a la tensión política interna entre el kicillofismo, el cristinismo y el camporismo, que tienen el poder en Diputados, cuyas presidencias se alternan.

De fondo, la pelea es por el control de un Presupuesto fijado, de acuerdo a la normativa sancionada ahora vetada parcialmente, el presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires es de $ 222.8 mil millones, mientras que el del Senado bonaerense es de $ 156.2 mil millones, que surge del mecanismo legal de otorgarle a la Legislatura que puede fijar su Presupuesto hasta el 0,9 del total provincia, que tiene un presupuesto total de 43 billones de pesos.

Ante este escenario, el Legislativo tiene tres opciones: aceptar los vetos y volver al sistema anterior del reparto de los fondos, judicializar la cuestión -es un camino largo- o insistir con los dos tercios de los votos en el proyecto de Presupuesto que sancionó a principio de mes.