Al igual que en los otros tratamientos, La Libertad Avanza se alzó con los dictámenes de mayoría con la ayuda de los aliados. El texto fue aprobado tal cual lo envío el Poder Ejecutivo de la Nación. Hubo un dictamen alternativo y otro de rechazo.
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Siguiendo con el plan establecido por el oficialismo, las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunieron en plenario para pasar a la firma el dictamen del proyecto de ley de Inocencia Fiscal y quedó en condiciones de llevarse al recinto en la sesión extraordinaria convocada para este miércoles a las 14. La Libertad Avanza logró el despacho de mayoría con las firmas de los bloques aliados.
En la reunión informativa de la mañana, el bloque oficialista dio lugar a escuchar los pedidos de incorporación de dos artículos planteadas desde Unión por la Patria: establecer la unidad de medida a tomar sea UVA (Unidad de Valor Adquisitivo); y la aclaración respecto de a partir de qué momento se considera la configuración de delito. Sin embargo, el oficialismo dictaminó el texto tal cual lo consignó el Poder Ejecutivo de la Nación.
El despacho de mayoría contó con las 32 firmas de los vocales de La Libertad Avanza, 4 del Pro, 2 del radicalismo, 2 de Innovación Federal, 1 de Elijo Catamarca, 1 de Independencia, 1 del MID y 1 de Producción y Trabajo. Por su parte, Unión por la Patria impulsó un dictamen alternativo con 29 firmas, y el Frente de Izquierda uno de rechazo con la firma de Myriam Bregman.
El dictamen de Unión por la Patria conservó el espíritu de la norma sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto. Aquella iniciativa fue impulsada por el diputado saliente Oscar Agost Carreño y cosechó la unanimidad de los votos en el recinto. Llegó a tener dictamen en el Senado, pero no prosperó porque La Libertad Avanza siempre buscó insistir con el que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional.
Por el oficialismo, la secretaria parlamentaria Silvana Giudici reiteró que este tema será tratado en el recinto este miércoles y amplió que “este dictamen deja de perseguir a los ‘perejiles’ para concentrar el poder del Estado en los grandes evasores”. Adentro de ese rótulo, nombró a al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y a Pablo Toviggino, tesorero y secretario ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino.
También destacó la labor llevado a cabo por su compañera de bancada, Laura Rodríguez Machado, quien fue ratificada en la presidencia de la Comisión de Legislación Penal. Luego, reiteró que “estamos entusiasmados de concretar y dejar de perseguir al que trabaja y al que ahorra y concentrarnos en los grandes evasores”.
Rodríguez Machado logró que el dictamen de Inocencia Fiscal avance sin cambios.
En síntesis, la titular de Legislación Penal explicó que “estamos dando seguridad jurídica y previsibilidad. El que cumple no puede vivir bajo una amenaza permanente de inspecciones, sanciones o procesos penales". Y cargó que “esta ley protege al ciudadano de bien y pone límites claros al poder punitivo del Estado. Es una reforma profunda que ordena el sistema y devuelve confianza".
Principio de Inocencia Fiscal
En cuanto al proyecto de Inocencia Fiscal, se proponen cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.
Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.
El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.
Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.
Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.