Con una ajustada votación, la Legislatura fueguina aprobó la modificación de la Ley 1355 para impulsar el desarrollo sustentable de la acuicultura. La norma prohíbe el cultivo de salmón en el Canal Beagle y crea un centro de investigación, pero su legalidad fue cuestionada y podría judicializarse.
En una sesión marcada por el debate y la tensión, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó por ocho votos contra siete la reforma de la Ley provincial 1355, que regula el desarrollo sustentable de la acuicultura como actividad agropecuaria integral en aguas continentales y marítimas jurisdiccionales.
El proyecto, que busca promover la acuicultura bajo criterios ambientales, sociales y económicos, fue duramente cuestionado por el legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Pablo Villegas, quien lo calificó de “inconstitucional”. No se descarta que la norma sea judicializada.
Tras un cuarto intermedio, la votación nominal definió el resultado:
A favor: Gisela Dos Santos, Tomás García, Federico Greve, Juan Carlos Pino, Matías Lapadula, Myriam Martínez, Luciano Selzer y Natalia Graciania.
En contra: Laura Colazo, Jorge Lechman, Damián Löffler, Federico Sciurano, Pablo Villegas, Raúl von der Thusen y Victoria Vuoto.
Puntos clave de la reforma
Prohibición del cultivo de salmónidos en el Canal Beagle, para preservar su biodiversidad y usos actuales.
Regulación del uso consultivo de aguas en lagos, ríos y arroyos, garantizando repoblamiento de peces según parámetros de sustentabilidad.
Creación del Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, para investigación aplicada y transferencia tecnológica.
Implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para delimitar zonas aptas y anticipar impactos.
Obligación de presentar Guía de Aviso de Proyecto (GAP) y Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) antes de iniciar proyectos.
Reserva de un porcentaje de la producción para consumo local.
Programas y estímulos para productores fueguinos.
El Poder Ejecutivo será el encargado de reglamentar los procedimientos y definir los criterios técnicos para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas.
La iniciativa fue impulsada por el ahora senador nacional Agustín Coto y esta vez apoyada por el gobernador Gustavo Melella y distintos sectores del arco político provincial.