Decenas de vecinos del municipio de Moreno y de organizaciones sociales solicitaron hoy públicamente al Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires que revoque por “arbitraria” una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que condena a la Fundación Provivienda Social a pagar una indemnización “millonaria imposible de afrontar”, que en caso de quedar firme provocará su desaparición.

El pedido está contenido en una solicitada publicada en el matutino La Nación, acompañada con las firmas de decenas de vecinos, entidades comunitarias y ciudadanos en general, en la que se destaca que durante 25 años la ONG “facilitó el acceso de manera segura y económica a servicios básicos como luz y gas a 40.000 familias del conurbano bonaerense, mejorando su calidad de vida”.

El presidente de la Fundación, Raúl Zavalía Lagos, explicó que el fallo aludido obliga a la Fundación a pagar una indemnización de $ 160 millones a un gasista que invocó ser empleado de la Fundación, cuando en rigor la institución actuó como Fiduciario de un Fideicomiso de vecinos, que fueron quienes lo contrataron.  “La Fundación pagó los trabajos por cuenta y orden de los vecinos que luego pagaron en cuotas al Fideicomiso”, dijo.

“Esperamos que el Tribunal Superior haga una lectura correcta del caso y facilite la continuidad de la Fundación en beneficio especial de quienes necesitan de nuestros servicios para mejorar su calidad de vida y oportunidades", agregó el directivo.

En la solicitada se detalla que la operatoria de la Fundación consiste en organizar a los vecinos “a través de fideicomisos barriales, un instrumento financiero que les permite llevar adelante las obras necesarias para conectarse a los servicios de gas”.

Bajo el título “un fallo judicial que atenta contra las organizaciones sociales y los vecinos”, se explica en la solicitada que “la Fundación es administradora de los fideicomisos que aportan los recursos financieros a los vecinos para que contraten a los operarios que realizan las obras”.

“Sin embargo -se subraya -, la Cámara Nacional del Trabajo, en un fallo arbitrario, entiende que la Fundación es empleadora y no la administradora fiduciaria que actúa en representación de los vecinos”.

Se advierte entonces que si la sentencia “se mantiene no solo obliga a cerrar la Fundación Provivienda Social, sino que profundiza la grave situación de no contar con un marco laboral adecuado a las entidades sin fines de lucro que las pone a merced de interpretaciones arbitrarias e injustas”.

Los vecinos y entidades firmantes piden que la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires “corrija” lo que interpretan como “una arbitrariedad jurídica que atenta contra el sistema de justicia, debilita el tejido social y desalienta la participación ciudadana”.