A menos de 48 horas de su aprobación en la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen favorable este viernes al proyecto de ley sobre Inocencia Fiscal.

En un breve trámite, el oficialista Juan Carlos Pagotto fue ratificado presidente. Al tomar la palabra, recordó que se habían convocado varias reuniones anteriores -que no tuvieron quórum- para tratar la modificación al Régimen Penal Tributario.

"El tema es de vital importancia para la vida de los argentinos; para que dejemos de depender de resoluciones generales y empecemos a depender de la ley", enfatizó y señaló que en el régimen "había quedado tan desactualizado el margen de la condición objetiva de punibilidad, que con un millón y medio de pesos cualquiera era cliente del sistema penal tributario".

La Libertad Avanza consiguió el dictamen gracias al apoyo de sus aliados. Sin embargo, desde Unión por la Patria solo se hizo presente el porteño Mariano Recalde para rechazar la composición de las comisiones. "Sí, tienen quórum sobre una integración que nosotros cuestionamos, que se produjo violando el reglamento por la forma y la proporción", se quejó.

El camporista agregó que esperaba que esto "se rectifique, que se convoque a una sesión donde esto se corrija", porque "a la presidenta no le han sido delegadas las facultades por el Cuerpo".

En relación al proyecto, que modifica los umbrales a partir de los cuales se castigará la evasión, el radical Maximiliano Abad dijo: "Celebro el cambio de paradigma en torno a la ley de Inocencia Fiscal, en donde se deja atrás el concepto de que todos los contribuyentes son evasores. Este cambio hace que los contribuyentes sean inocentes hasta tanto y cuanto el fisco, con la documentación y las pruebas, demuestre lo contrario".

Sobre el texto, observó que en cuanto a las multas referidas a la obligación de presentación de declaraciones juradas, no sabía "cuál es el sistema que se utiliza para este cambio" y "tampoco se discrimina entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes". "En la reglamentación eso tendría que discriminarse", sugirió.

En la misma línea, la senadora del Pro Andrea Cristina consideró que "hay que revisar el monto, porque no es lo mismo el impacto económico en un comerciante, una microempresa y una multinacional". "Estamos dispuestos a analizar este planteo", respondió la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

Por su parte, el presidente de la bancada radical, Eduardo Vischi, opinó que "se comete un error de no poner un monto variable, que sea ajustable a la inflación, porque podemos correr el riesgo que en un tiempo esta ley vuelva a tener el mismo inconveniente".

No obstante, el correntino expresó que "es muy importante avanzar en esta norma" por "el cambio del concepto con respecto a los contribuyentes y alguna simplificación que permite cambiar cierto paradigma sobre cómo se entienden las formas de declaraciones juradas y cómo se va a manejar el organismo de control respecto al ciudadano". Y se manifestó a favor de que "se dictamine y aprobarla antes de fin de año".

Juan Carlos Pagotto

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en junio pasado, también conocido como de incentivo al uso de los "dólares del colchón", introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.

Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.

También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.

Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.