Con el aval de una investigación periodística, el diputado de la CC denunció que el impulsor de $LIBRA firmó un contrato confidencial con el presidente y advirtió que, pese a las pruebas reunidas por el Congreso, la Justicia sigue sin avanzar ni citar a los principales involucrados.
Mientras la Justicia no registra avances significativos en la causa por la criptomoneda $LIBRA, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora creada en la Cámara de Diputados, publicó este lunes un extenso y duro pronunciamiento en el que sostuvo que ya está confirmada la existencia de una relación contractual entre Hayden Davis y el Gobierno de Javier Milei.
El planteo del legislador opositor se apoya en la investigación periodística publicada por Mariano Vidal en Clarín, que reveló que el impulsor de $LIBRA firmó un acuerdo confidencial con el presidente para desempeñarse como asesor ad honorem del Estado argentino, dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda que luego terminó en escándalo.
Ferraro vinculó directamente esa revelación con las conclusiones alcanzadas por la Comisión Investigadora $LIBRA y volvió a cuestionar la inacción judicial, al tiempo que reclamó una segunda etapa de investigación política en el Congreso.
El posteo completo de Ferraro
En su cuenta de X, el diputado nacional publicó el siguiente texto:
“$LIBRA: MIENTRAS LA JUSTICIA NO AVANZA, SE CONFIRMA LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE HAYDEN DAVIS Y EL GOBIERNO DE MILEI
Hoy el periodista Mariano Vidal confirmó en Clarín que existió una relación contractual entre Hayden Davis, la cara visible de $LIBRA hoy investigado en EE.UU., el presidente Javier Milei y el Estado argentino. Como concluimos desde la Comisión Investigadora, lo de $LIBRA no fue un hecho aislado, ni el encuentro del 30 de enero fue una foto circunstancial: fue un vínculo político, institucional y premeditado.
Nada fue casual ni improvisado, todo se sabía. La relación de Davis con Milei no fue ocasional ni de un solo día. Hubo más de 16 reuniones en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, con participación de los organizadores de $LIBRA en la Argentina, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y en varias de ellas del propio Davis, junto a Javier o Karina Milei, quienes hasta ahora han preferido el silencio absoluto frente a los requerimientos y preguntas que les hicimos desde la Comisión Investigadora, y a casi un año no han sido citados por la Justicia.
Además, se verificaron transacciones de criptoactivos en momentos clave, que también fueron analizadas por la Comisión Investigadora en su reunión del 4/11/25 y quedaron incorporadas en el informe final: durante el Tech Forum, tras la reunión del 30 de enero en Casa Rosada y en la semana previa al lanzamiento de $LIBRA, que tuvo lugar el 14 de febrero desde Dallas, donde Novelli y Terrones Godoy estuvieron presentes. En cada una de esas transacciones hubo sospechosos intermediarios que funcionaron como rampas de salida del dinero, que según el informe elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) ‘podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos’.
Con toda esta información pública, y comprobados los encuentros y las relaciones entre los organizadores de $LIBRA y funcionarios públicos del Estado argentino, resulta increíble e inadmisible que la Justicia siga sin citarlos, sin investigar la participación institucional del Estado ni el rol de sus máximos funcionarios, sin determinar los cruces de llamadas y comunicaciones entre los organizadores de $LIBRA con el Presidente y su círculo más cercano.
Frente a esta parálisis de la investigación jurisdiccional, el Congreso debe retomar su función de contralor. La Comisión Investigadora hizo un trabajo serio y responsable; no tengo dudas de que es indispensable una segunda etapa de investigación política para profundizar lo ocurrido con $LIBRA, establecer responsabilidades y garantizar que la verdad se conozca, aunque incomode al poder y a quienes lo están protegiendo”.
El contrato confidencial revelado por Clarín
La publicación de Clarín confirmó que Hayden Davis, titular de la firma Kelsier Ventures y principal impulsor de $LIBRA, firmó un acuerdo confidencial con Javier Milei el 30 de enero de 2025, durante una reunión en Casa Rosada que quedó registrada oficialmente como un encuentro para “analizar tecnologías descentralizadas y blockchain”.
Según la investigación periodística, el contrato —redactado en español y firmado por Davis y Milei— nombraba al empresario estadounidense como asesor especializado ad honorem para la Argentina, pese a que Davis no domina el idioma. El documento estaba fechado el 29 de enero, un día antes de la reunión, y establecía compromisos en materia de blockchain, inteligencia artificial, digitalización del Estado, contratos inteligentes y capacitación de funcionarios públicos.
El acuerdo incluía además una cláusula de confidencialidad absoluta, lo que explicaría por qué nunca fue informado oficialmente ni mencionado por el Presidente, incluso después de estallar el escándalo por el lanzamiento de $LIBRA.
La nota de Clarín reconstruyó además el vínculo sostenido entre Davis y el entorno presidencial. El empresario estadounidense ingresó en reiteradas oportunidades a Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, muchas veces autorizado por Karina Milei, acompañado por los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes oficiaron como nexo local del proyecto.
Tal como había señalado la Comisión Investigadora, durante esos encuentros se produjeron transacciones en criptomonedas en momentos clave, incluyendo el día de la reunión del 30 de enero y en la previa del lanzamiento del token el 14 de febrero en Dallas. Según informes oficiales citados por Ferraro, esas operaciones “podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos”.
El rol del Congreso y la investigación pendiente
Para Ferraro, la confirmación del contrato entre Davis y Milei refuerza la hipótesis de que el caso $LIBRA no fue un episodio aislado ni una simple promoción imprudente en redes sociales, sino una trama con implicancias institucionales que aún no fueron esclarecidas.
En ese marco, el diputado de la Coalición Cívica volvió a reclamar que el Congreso retome su función de control, ante la falta de avances en la Justicia argentina, donde —según remarcó— ni el Presidente ni su entorno más cercano fueron citados a declarar, pese a la abundante información reunida.
La Comisión Investigadora $LIBRA cerró su primera etapa con un informe que dejó múltiples interrogantes abiertos. Para Ferraro, la revelación del acuerdo confidencial vuelve a poner el caso en el centro de la escena política y reactiva el debate sobre las responsabilidades del Gobierno en uno de los escándalos más sensibles de la gestión Milei.