Luego de la denuncia en Comodoro Py por la designación de los tres integrantes de la Auditoría General de la Nación, el bloque de diputados nacionales del Pro emitió un comunicado en el que anunció que han conformado un equipo especializado que está analizando los alcances del DNU 941/2025 que modifica a la Ley de Inteligencia Nacional. De todos modos, afirmaron que “los cambios introducidos podrían resultar positivos”.

La bancada que preside Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados comunicó que “la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”.

Lejos de cuestionar la utilización vía decreto, mencionaron que “el DNU es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos”. “Entendemos que no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino”, expresaron sugestivamente ante las acusaciones de otros espacios que supieron formar parte de Juntos por el Cambio que acusaron -de antemano- al Pro de avalar las modificaciones legislativas por decreto.

De todos modos, el bloque integrado por 12 diputados nacionales reiteró: “Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos”, pero advirtieron que “es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función”.

Así las cosas, destacaron y calificaron de “positivo” a “la integración y unificación de bases de datos estatales”. En el Pro reconocieron que “esta modernización era una deuda histórica: Argentina se encontraba décadas atrasada en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional”.

“Recordamos que el tratamiento de esos datos no es discrecional, sino que se encuentra estrictamente limitado y regulado por las leyes de protección de datos personales vigentes, que establecen de forma taxativa sus usos permitidos. Por ello, no advertimos riesgos legales en la integración de información, siempre que se aplique dentro del marco normativo existente”, explicaron en el comunicado al que accedió parlamentario.com.

Antes del final, explicaron que “la Ley 25.520 fue sancionada en el año 2001, han pasado 25 años desde su promulgación, y el mundo —junto con sus amenazas y desafíos— ha cambiado de forma radical”. “La Argentina no es ajena a esa transformación, lo que confirma la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural e integral del sistema de inteligencia nacional”, consideraron desde el bloque que preside Cristian Ritondo.

Por último, reafirmaron su compromiso “con una inteligencia moderna, profesional, sometida a la ley, con controles democráticos sólidos y al servicio exclusivo de la seguridad de los argentinos”, y remarcaron el análisis sobre la normativa complementaria y los protocolos que el Poder Ejecutivo dicte en los próximos días para comunicar una postura final.