“Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar?”. La referencia fue publicada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de Provincias Unidas, que ya el día anterior se había manifestado duramente respecto del decreto de necesidad y urgencia 941/25 que ya había trascendido el 1° de enero. Y allí ya se había referido a sus excompañeros de ruta de Juntos por el Cambio con este irónico comentario: “Feliz Año Nuevo a los republicanos intermitentes y de ocasión que con la excusa de ‘no era el momento’ bloquearon la reforma de la ley que regula los DNU y decretos delegados. Gracias a esa ley heredada del kirchnerismo, Milei sigue haciendo lo que quiere. Esta vez, va por el control total de la inteligencia nacional a costa de derechos, libertades y garantías”.

Este viernes, Maximiliano Ferraro se preguntó: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.

En otro posteo había ido más lejos, al hablar de “Gestapo para todos y todas”. En ese sentido se hizo eco de una advertencia del exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que señaló que “el alcance del decreto es muchísimo más amplio y peligroso. No se limita a los organismos de inteligencia: involucra a todo el Sector Público Nacional”.

“Ministros del Poder Ejecutivo, rectores de universidades nacionales, el presidente del CONICET, el director ejecutivo del PAMI, las autoridades de la ANSES, del Hospital Posadas, del Hospital Ramón Carrillo, del Banco Nación y de empresas públicas quedan alcanzados por la obligación de aplicar ‘medidas de seguridad de contrainteligencia’ dentro de los organismos que conducen, acatando decisiones definidas por el Presidente de la Nación”, señaló, destacando que el artículo 3° del DNU es explícito: los “titulares de órganos y organismos” del Sector Público Nacional serán responsables de implementar esas medidas en el interior de sus instituciones. Y el propio decreto define la contrainteligencia como un conjunto de acciones destinadas a “evitar el conocimiento de la propia situación” por parte de actores estatales y no estatales.

“El problema es de fondo -aseguró-. El Sector Público Nacional, según la Ley 24.156 de administración financiera, incluye a la administración central, los organismos descentralizados, las universidades, la seguridad social y las empresas del Estado. Es decir, casi todo el Estado queda sometido a una lógica perversa y peligrosa de contrainteligencia”, y afirmó que “se habilitan así prácticas opacas, discrecionales y verticales en ámbitos que deben regirse por la autonomía, la publicidad de los actos de gobierno, la libertad académica y el control parlamentario”.

Su compañera de bloque Mónica Frade se alineó con las observaciones de Ferraro y Rodríguez advirtiéndoles a Javier Milei y Patricia Bullrich que “nuestra libertad no es condicional al gobierno que se les ha prestado. No jueguen. No provoquen. Nadie gana en ese juego. Solo seres secos y miserables pueden, mientras las familias argentinas brindan, asestar una reforma contra la Constitución Nacional”.