A través de un comunicado, el organismo destacó las modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Inteligencia y dijo que es una adecuación "a las amenazas y desafíos del siglo XXI".
Cristian Auguadra, titular de la SIDE
Mientras aumenta el rechazo opositor al DNU 941/25, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) emitió un comunicado en el que destaca las modificaciones a la Ley de Inteligencia (25.520) realizadas por el Poder Ejecutivo, y oficializadas en el primer día hábil del año.
En el texto, titulado "Reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional", el organismo dirigido por Cristian Auguadra señala que "los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del Presidente Javier G. Milei, requieren que la Nación cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos".
"En ese marco, y considerando que la función esencial de todo sistema de inteligencia es la producción de información estratégica para asistir la toma de decisiones de las autoridades democráticamente electas, a través del DNU 941/25 el Poder Ejecutivo Nacional da un nuevo paso en la profundización de las reformas del Sistema de Inteligencia Nacional, que durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad", continúa.
Según la SIDE, "el objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI".
"En ese sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología", indica.
El comunicado agrega que "la reforma impulsa un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura, concentrando las capacidades del Sistema de Inteligencia en su función esencial. En particular, se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control".
"La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externo, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos", expresa.
También, apunta que "en la misma línea de ordenamiento institucional, se dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuya existencia generaba una superposición innecesaria de funciones con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, consolidando así un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa".
"Finalmente, la reforma establece un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y cada flujo de información. Este sistema elimina la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantiza la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional", reza el comunicado.
En el cierre, desde el organismo consideran que "esta transformación profunda del Sistema de Inteligencia Nacional forma parte del proceso histórico que impulsa el Presidente Javier G. Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado. Se trata de una decisión estructural que reafirma el compromiso inquebrantable con la libertad, la legalidad y la soberanía nacional, y que consolida un nuevo orden institucional en la Argentina: un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad".