El nuevo decreto sobre inteligencia encendió a una oposición que ahora ve una oportunidad para recuperar iniciativa. La reforma, abre un conflicto institucional de alto voltaje: habilita potestades inéditas para la SIDE, reaviva internas en el oficialismo y fuerza al Congreso a activar mecanismos que LLA buscaba evitar.
Teniendo en cuenta la debilidad extrema de La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso durante sus dos primeros años de gestión, nadie podía sorprenderse de que éste fuera el primer gobierno de la historia al que le rechazaran un decreto de necesidad y urgencia. Sucedió en 2024; primero en Diputados, donde la oposición logró una mayoría contundente de 156 votos contra el DNU 656/24, entre los que había incluso miembros del Pro y la UCR. Fue el 21 de agosto; el 13 de septiembre de 2024, el Senado completó el ciclo, con 49 votos contra el decreto, solo 11 a favor y 2 abstenciones. Rechazado por ambas cámaras, el decreto quedó formalmente derogado.
Ese DNU firmado por Javier Milei asignaba 100.000 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El revés no causó mayores complicaciones al gobierno; tan solo el antecedente: la mayor parte de ese dinero ya había sido utilizado. Pero quince meses después, con un oficialismo empoderado en las elecciones de medio término y con bancadas mucho más nutridas en ambas cámaras, otro DNU sobre la SIDE se lleva toda la atención.
El decreto se firmó el 31 de diciembre, trascendió al día siguiente y se publicó en el Boletín Oficial el primer día hábil de 2026. Previsiblemente, encendió los motores de una oposición que quedó totalmente desarticulada en las elecciones de octubre, y que no pudo hacer demasiado en extraordinarias. Este decreto sobre un tema particularmente sensible podría ser la chispa de una reacción más efectiva. Esa es al menos la ilusión de buena parte de una oposición que no se esperaba entrar en acción ni bien se apagaron los festejos del Año Nuevo.
Después de un cierre del año en el que el oficialismo pudo festejar la aprobación de sus primeras leyes después de un período ordinario en el que no había podido sancionar ni un solo proyecto propio, la oposición esperaba reagrupar fuerzas en febrero para enfrentar la reforma laboral. Pero el popurrí de decretos publicados en el primer Boletín Oficial del año adelantó los tiempos pues contenía una reforma polémica de la Ley de Inteligencia.
Sorprendida por la audacia del gobierno de Javier Milei de instrumentar semejante modificación por esa vía, la oposición reaccionó con dureza, alertando que el decreto avanza sobre derechos y garantías constitucionales, habilitando a los espías a tener “poder de policía”; estableciendo el secreto total como regla, y dándole a la SIDE la posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia. “Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados; ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia”, alertó el diputado Maximiliano Ferraro.
Sin duda uno de los puntos más sensibles de la norma es el que les da la posibilidad a los agentes de la SIDE a detener personas sin orden judicial previa, lo que la oposición interpreta como una “violación directa a los derechos humanos y a las garantías constitucionales”.
El ámbito de la inteligencia es dominado por Santiago Caputo, el asesor estrella del gobierno de Milei, que en los últimos tiempos no ha hecho otra cosa que retroceder casilleros a instancias de la otra componente del otrora “triángulo de hierro”, Karina Milei. Si bien el poderoso monotributista extiende su poder con esta reforma, cede partes estratégicas de control. El decreto crea un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad que estará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete; y en manos de Manuel Adorni vale decir que estará bajo el dominio de la secretaria general de la Presidencia.
Más allá de la nueva interna que el tema abre en la cima del poder, lo que viene será una puja reglamentaria en el Congreso, para complicación de las principales espadas libertarias que esperaban para este verano solo estar abocadas a los temas de extraordinarias. Eso ya no sucederá: la oposición buscará forzar el tratamiento de este DNU con el objeto de voltearlo y con ello retomar la iniciativa en el Parlamento. Sería una muy mala noticia para el gobierno que eso sucediera, como así también un baño de realidad en un ámbito en el cual La Libertad Avanza ha crecido sustancialmente, pero sigue siendo minoría.
Con toda lógica, el oficialismo buscará ralentizar el tratamiento del decreto en la Bicameral de DNU, que por cierto todavía no está conformada. El viernes la oposición más dura pidió a los presidentes de ambas cámaras no solo formar esa comisión, sino también la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Lo cierto es que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (la que trata los DNU) es la única habilitada para funcionar todo el año, pero ni Martín Menem, ni Victoria Villarruel llamarán a conformarla.
La mala noticia para el oficialismo es que el artículo 20 de la Ley 26.122 establece que si la Bicameral Permanente no eleva un dictamen dentro del plazo establecido (10 días), las cámaras deben abocarse al tratamiento expreso inmediato del DNU. Esto es: si la bicameral no está conformada, o está conformada pero no dictamina dentro del plazo, entonces el recinto queda habilitado para tratarlo directamente. Esta es la respuesta a la pregunta de si la oposición puede forzar el tratamiento en el recinto de un DNU durante el período extraordinario. Puede, aun si el Poder Ejecutivo no lo incluyó en el temario de extraordinarias.
Pues es verdad que el Congreso solo puede tratar temas incluidos en el decreto de convocatoria presidencial, salvo en casos donde una ley exija tratamiento “inmediato”, “expreso” o “automático”. El régimen de DNU justamente establece ese mecanismo automático. Cualquier constitucionalista dirá que un DNU puede ser tratado por las cámaras aunque no esté en el temario porque la Ley 26.122 le da “tratamiento obligatorio”.
De tal manera, la estrategia que comenzaba a elaborar la oposición ya este fin de semana era la de dejar vencer los plazos de la Bicameral, pues cuando eso suceda podrá exigir que el presidente de la Cámara convoque al recinto, o habilitar un pedido de sesión especial para tratar el DNU.
Más allá de esas alternativas legislativas, la vía judicial estará a la orden del día. Por un lado, para denunciar por ejemplo que el Congreso está paralizado por falta de conformación de la Bicameral. Pero también, como advertían varias voces desde el viernes, directamente con varias potestades que brinda el DNU 941/25 y que podrían ser tildadas de inconstitucionales.
Nada sucederá en el mes de enero, pues la oposición es consciente de que sería muy difícil conseguir quórum en el primer mes del año. Todo sucederá en febrero, para desvelo de un oficialismo que confiaba darle entonces toda la atención a las reformas que propuso para extraordinarias. Aunque también confía en que el calor del verano y fundamentalmente el tiempo enfríen esa discusión.
La economía será en este contexto un elemento clave para enmarcar el contexto en el que tendrán lugar estas discusiones. Para entonces estarán en plena vigencia el nuevo esquema de bandas cambiarias que se puso en vigencia este mes de enero, en reemplazo del ajuste fijo del 1% mensual vigente hasta diciembre. La medida busca evitar el atraso cambiario, dar mayor previsibilidad al mercado y fortalecer la acumulación de reservas. Se verá, pues el gobierno se resiste a seguir las recomendaciones de quienes define como “econochantas” e insisten en la necesidad de privilegiar la acumulación de reservas. Sostienen aquellos que ese consecuente impacto en los precios, debido a una suba del dólar, no sería significativo, ni se extendería en el tiempo. Afectaría, sí, la palabra presidencial de llegar al mes de agosto con un índice de inflación que comience con cero, y Milei se vanaglorió en su mensaje de fin de año de haber cumplido todas sus promesas.
Como sea, el gobierno confía en que ante cualquier emergencia seguirá contando con el amigo americano, ese al que respaldó enfáticamente este fin de semana ante la noticia impactante de la captura y confinamiento del dictador Nicolás Maduro. Javier Milei está cada vez más convencido del camino que eligió cuando decidió embanderarse completamente con Donald Trump.