Tras la presentación ante la justicia en contra del DNU 941/25, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro resaltó que "el presidente se está recostando de manera excesiva en lo que son estas herramientas, que en la Constitución no son la regla, sino la excepción", en alusión a los decretos de necesidad y urgencia.

El legislador explicó que junto a sus pares Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron "una acción de amparo para que el decreto que modifica en más de 30 artículos la Ley de Inteligencia sea declarado inconstitucional y, a su vez, se declare su nulidad absoluta e insanable".

Asimismo, ante el fuero contencioso administrativo se solicitó "una cautelar para la suspensión del DNU, de todos sus efectos, su vigencia y todos los actos administrativos que se dicten en virtud de su cumplimiento".

"No hubo necesidad ni urgencia", afirmó el porteño respecto del decreto firmado el último día del 2025. Y agregó que "este DNU no cumple los requisitos que están establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

Además, Ferraro aseguró que "se mete en materia prohibida" como la penal, ya que "al otorgarle a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehensión, de arrestar; es una modificación solapada del artículo 184 del Código Procesal Penal".

También cuestionó que "las acciones de contrainteligencia" están "poco fundamentadas y definidas". "Con la incorporación de los titulares de distintos organismos de la administración pública nacional... El día de mañana un ministro, un secretario, puede ir en búsqueda de la fuente de un periodista que está investigando la corrupción puntual del gobierno que sea", advirtió y añadió: "¿Quién define qué atenta contra tal cosa si no está claramente definido en el DNU?".

En declaraciones a radio Rivadavia, el cívico dijo que "el Congreso está en condiciones de poder debatir una ley de estas características" y recordó que "es el segundo DNU que sacan modificando el sistema de inteligencia".