El senador del bloque Justicialista advirtió que el decreto "es inconstitucional, discrecional y peligroso" ya que "consolida la lógica del enemigo" y "habilita el espionaje".
El senador nacional Jorge "Coqui" Capitanich presentó un proyecto, junto a sus pares del bloque Justicialista, para que se derogue el DNU 941/25, por el cual el Gobierno introdujo una profunda reforma de la SIDE. El decreto, firmado el último día del 2025, ya despertó numerosos rechazos, así como también presentaciones judiciales en su contra.
El exgobernador chaqueño señaló que se trata de un "DNU del espionaje", mediante el cual "el Poder Ejecutivo avanzó en una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520".
Capitanich afirmó que el DNU "es inconstitucional, discrecional y peligroso ya que consolida la lógica del enemigo" y "habilita el espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas -prácticas expresamente prohibidas por la Ley 27.126 que el propio DNU 614 de 2024 derogó-".
Asimismo, observó que "impide el control democrático entre poderes y convierte a organismos como el ReNaPer y la ARCA en brazos ejecutores de la vigilancia estatal, vulnerando las libertades individuales de los ciudadanos".
"No existe para tal medida la necesidad y urgencia exigidas en la Constitución Nacional, pudiendo haber incluido el tratamiento de una reforma de la Ley de Inteligencia en las sesiones extraordinarias del mismo modo que se hizo con el Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral", reclamó.
Y advirtió que "este no es solo un DNU" sino "la consolidación, vía decreto, de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades, concentra poder de manera extrema y nos retrotrae a épocas que creíamos superadas. Es un golpe a la división de poderes y un salto al abismo institucional". "El Congreso debe reafirmar su autoridad y derogar este instrumento inconstitucional", pidió.
En sus fundamentos, la iniciativa se basa en ejes de la impugnación al DNU presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que cita textualmente al indicar la creación de una "policía secreta", incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial.
Por otro lado, menciona que este decreto pone un manto de legalidad a un “espionaje antidemocrático e inconstitucional”, al remarcar la expansión de las facultades de contrainteligencia.
En la misma línea, cuestiona que el decreto concentre en la SIDE la elaboración, administración y control de todo el presupuesto de inteligencia, configurando un esquema “opaco y discrecional que hace peligrar el control democrático”.